Por su presunta responsabilidad en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, está enfrentando un proceso penal por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y lavado de activos. La exfuncionaria es señalada de haber mediado la desviación de recursos públicos de la entidad, que habrían sido recibidos por congresistas.
En el proceso, se tenía programada una audiencia de formulación de acusación para el 6 de marzo de 2025 a las 8:00a a. m., pero la defensa de la exconsejera solicitó su aplazamiento, el cual aceptó el juez del caso. El abogado Oswaldo Medina Posada, que representa los intereses de Ortiz, argumentó que la procesada debe rendir declaraciones ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por lo que estaría imposibilitada para asistir a la diligencia.
En consecuencia, la audiencia, fue reprogramada para el 10 de abril de 2025, a partir de las 8:00 a.m.
