El juicio adversarial transicional contra el coronel en retiro Publio Hernán Mejía Gutiérrez ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) continuará su curso con la citación de los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana Arango como testigos. Ambos exmandatarios han sido convocados por la defensa de Mejía para comparecer, en medio de un proceso que examina presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El coronel Mejía, que estuvo al mando del Batallón La Popa en Valledupar entre 2002 y 2004, enfrenta graves acusaciones relacionadas con la ejecución extrajudicial de al menos 72 personas en la región norte del país, dentro de lo que se ha denominado “falsos positivos”. Además, se le señala de haber mantenido presuntos vínculos con grupos paramilitares durante su comandancia.
Este proceso judicial es el primer juicio adversarial transicional que se adelanta contra un alto oficial del Ejército en la JEP. Desde su inicio el 12 de septiembre de 2024, ha incorporado múltiples audiencias con testimonios de exsubalternos y testigos, quienes han expuesto las operaciones militares bajo el mando de Mejía y sus supuestas relaciones con actores armados ilegales.
La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) ha señalado que las acciones de Mejía configuran un patrón de “macrocriminalidad”, lo que implica una sistematicidad en la ejecución de homicidios y desapariciones forzadas que fueron presentadas como bajas en combate. En particular, la UIA acusa a Mejía de ordenar la ejecución de personas que ya habían dejado las armas o que se encontraban heridas en el campo de batalla.
En el cronograma del juicio, además de la comparecencia de los expresidentes, se han programado audiencias el 31 de marzo y el 2 de abril. Entre los testigos citados destaca el general (r) Juan Pablo Rodríguez Barragán y el exparamilitar Moisés Segundo Andrade, alias 400.
El juicio contra el coronel (r) Hernán Mejía sigue captando la atención nacional e internacional, pues podría sentar un precedente en la aplicación de la justicia transicional en Colombia. De ser hallado culpable, Mejía podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión, significando un hecho importante en la responsabilidad de altos mandos militares en crímenes de guerra y de lesa humanidad.
