El expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció su decisión de renunciar a la prescripción en el proceso penal que enfrenta por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, por los cuales fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión.
La determinación se conoció tras la radicación de una carta dirigida al Tribunal Superior de Bogotá, corporación que estudia la apelación a la sentencia dictada el pasado 1 de agosto por la jueza Sandra Liliana Heredia. En ese fallo, además de la condena a prisión domiciliaria, se le impuso al exmandatario una inhabilidad de 100 meses para ocupar cargos públicos y el pago de una multa equivalente a 2.420 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
En el documento, el exjefe de Estado señaló que “nunca ha buscado ni ha querido beneficiarse de la prescripción de la acción penal” y que esta figura no debe impedir que los magistrados de la Sala Penal del Tribunal puedan resolver de fondo su apelación.
“La prescripción de la acción penal, que nunca he buscado y de la que no quiero beneficiarme, no puede privarle la oportunidad a la Sala de tener las condiciones materiales mínimas para proferir un fallo que, independientemente de su sentido, sea el resultado de un análisis sereno, ponderado e integral de la prueba”, manifestó Uribe en su escrito.
Con esta postura, el expresidente busca que su proceso judicial continúe y no quede en suspenso por cuenta de la caducidad de términos. Los magistrados tienen plazo hasta el próximo 16 de octubre para decidir en segunda instancia sobre su caso.
El fallo en primera instancia
La jueza Heredia concluyó que Uribe no fue víctima de un supuesto complot judicial —como él lo argumentó durante el proceso—, sino que fue determinador de una red destinada a manipular testigos a su favor y en perjuicio del senador Iván Cepeda.
En consecuencia, lo halló responsable de fraude procesal y soborno a testigos, delitos que derivaron en la sentencia de 12 años de prisión domiciliaria.
Próximos pasos
El Tribunal Superior de Bogotá deberá pronunciarse sobre la apelación antes de mediados de octubre, en un proceso que ha captado la atención nacional y que marcará un precedente judicial respecto de la situación del expresidente más influyente en la política reciente del país.
