Casi cuatro décadas después del holocausto del Palacio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación presentó una resolución de acusación contra nueve exmilitares que habrían participado en actos de tortura agravada durante y después de la retoma del edificio, entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985. La decisión, considerada histórica por organizaciones de derechos humanos, amenaza con reabrir profundas fisuras en la memoria institucional del país.
Los acusados son Edilberto Sánchez Rubiano, Óscar William Vásquez Rodríguez, Ferney Ulmardín Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia, Antonio Rubay Jiménez Gómez, Fernando Blanco Gómez, Gustavo Arévalo Moreno, Iván Ramírez Quintero y Bernardo Alfonso Garzón, todos señalados de participar en el traslado, detención y sometimiento de las víctimas a tratos crueles en instalaciones militares.
La Fiscalía sostiene que las víctimas fueron clasificadas como “sospechosas o especiales” y trasladadas primero a la Casa del Florero, donde habrían sido sometidas a malos tratos, y luego llevadas a guarniciones militares donde enfrentaron tortura física, moral y psicológica.
Entre las víctimas mencionadas se encuentran Yolanda Ernestina Santodomingo Alberricci, Eduardo Arturo Matson Ospino, José Vicente Rubiano Galvis, Aristóbulo Rozo, Orlando Quijano, Orlando Arrechea Ocoro, Saul Antonio Arce, Jaime Buitrago Castro, Ana Lucía Limas Montaña y Héctor Darío Correa Tamayo.
El ente acusador incorporó como pruebas documentos de alto nivel del Ejército, incluyendo el Plan Tricolor 83 y manuales militares cuya aplicación —según el análisis fiscal— favoreció la vulneración masiva de derechos humanos. También resaltó la participación del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI) y la cadena de mando encabezada por Sánchez Rubiano, bajo la estructura liderada por el general Jesús Armando Arias Cabrales.
Un documento determinante fue el Informe de Policía Judicial del 26 de septiembre de 2016, el cual fue retomado para sustentar la acusación.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), representante de la parte civil, celebró la determinación. Rafael Barrios Mendivil, abogado y cofundador de la organización, afirmó que se trata de “una decisión histórica por la cual las víctimas han esperado por cuatro décadas y que valida la verdad que siempre han defendido”.
Barrios insistió en que es fundamental profundizar en la cadena de mando, incluyendo a quienes habrían ordenado las prácticas de tortura: “La defensa de los derechos humanos en Colombia exige el esclarecimiento total y la sanción de todos los responsables”, subrayó.
En medio de la decisión judicial, una nueva controversia sacude el debate nacional. El abogado Nilson Pinilla Pinilla, expresidente de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional, lanzó una acusación explosiva en entrevista con El País: “Algunos militares propiciaron la toma del Palacio de Justicia para cobrar represalias contra el M-19”.
Según Pinilla —quien integró la Comisión de la Verdad que investigó la tragedia— el plan del M-19 era conocido por las autoridades desde el 18 de octubre de 1985, pero aun así se permitió su ejecución.
Para el jurista, varios hechos alimentan esta hipótesis:
La vigilancia policial sobre el Palacio aumentó tras conocerse el plan insurgente… pero fue retirada días antes de la toma.
La versión oficial que señalaba que Alfonso Reyes Echandía pidió el retiro del operativo policial sería falsa.
Sectores del Ejército habrían actuado con pasividad deliberada, buscando represalias por golpes previos del M-19 como el robo de armas del Cantón Norte o el intento de magnicidio contra el comandante de las Fuerzas Militares.
Pinilla considera que esta supuesta permisividad “probablemente respondió a intereses de represalia interna contra la insurgencia”, planteando un posible grado de responsabilidad institucional que hasta hoy no ha sido plenamente esclarecido.
La resolución de acusación, sumada a las declaraciones de Pinilla, deja a las Fuerzas Militares en el centro del escrutinio. El país enfrenta ahora una narrativa que no solo cuestiona la forma en que se llevó a cabo la retoma, sino que sugiere que sectores del propio Estado habrían contribuido a la tragedia.
Mientras tanto, las víctimas siguen exigiendo una verdad completa, incluyendo eventuales responsabilidades de alto mando.
