Una nueva confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo sacude la política nacional. La Cámara de Representantes de Colombia declaró oficialmente al cartel de los Soles como grupo terrorista y narcotraficante, decisión que fue calificada por el presidente Gustavo Petro como un “abuso de funciones” y una muestra del “desconocimiento absoluto” de los congresistas.
Con 76 votos a favor y 21 en contra, la Cámara aprobó una proposición que insta al Gobierno a reconocer la existencia de dicha organización criminal y a coordinar acciones internacionales con aliados estratégicos, como Estados Unidos e Israel, para combatirla. El texto argumenta que el cartel “no es una ficción ni un mito político, sino una estructura real que amenaza la seguridad de Colombia y la región”.
Sin embargo, desde la Casa de Nariño, la respuesta del mandatario fue inmediata y explosiva. En el marco de un Consejo de Ministros, Petro arremetió contra el Congreso:
“Señores parlamentarios del Congreso de la República de Colombia, que además de abusar de funciones, no saben ni jota de esto”, afirmó con evidente molestia.
El presidente negó tajantemente la existencia del cartel y sostuvo que la etiqueta es una invención de la “extrema derecha internacional”. Incluso fue más allá al revertir la acusación, afirmando que el verdadero “cartel de los Soles” opera desde Bogotá, no desde Venezuela.
“El llamado cartel de los Soles es el cartel de Bogotá”, dijo Petro, asegurando que “sus líderes operan desde el extranjero, especialmente en Dubái, y han trasladado parte de sus operaciones hacia Ecuador”.
La declaración presidencial generó un fuerte eco en los sectores políticos y diplomáticos. Para Estados Unidos, la postura del Gobierno colombiano resulta “alarmante”. Washington ha mantenido desde la administración de Donald Trump la posición de que el cartel de los Soles es una red de narcotráfico transnacional controlada por altos mandos militares venezolanos y figuras del chavismo, entre ellos Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, quienes tienen sobre sí recompensas de hasta 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura.
La resolución aprobada por la Cámara subraya que la declaratoria permitirá fortalecer la cooperación internacional, reforzar la seguridad fronteriza y mejorar las capacidades de inteligencia militar y judicial frente a esta amenaza. “Apoyamos todas las medidas necesarias para combatir al cartel y a sus aliados dentro y fuera del país”, declaró el subsecretario de la corporación, Raúl Enrique Ávila Hernández.
Fuentes legislativas sostienen que el objetivo del pronunciamiento es presionar al Gobierno Petro para que asuma una postura firme frente al régimen venezolano, especialmente ante los recientes reportes de infiltración de estas redes criminales en zonas fronterizas del Catatumbo, Arauca y La Guajira.
No obstante, el choque entre poderes amenaza con profundizar la crisis diplomática entre Bogotá y Washington, donde sectores del Congreso estadounidense han advertido que la falta de cooperación de Petro podría afectar los programas de asistencia militar y antinarcóticos.
