Un juzgado de la capital tolimense declaró en desacato al secretario de Hacienda municipal, Ángel María Gómez, al concluir que incumplió de manera injustificada una sentencia de tutela emitida en agosto de 2025, destinada a la protección de derechos fundamentales.
La decisión judicial es contundente: el despacho estableció que el alto funcionario omitió dar cumplimiento a las órdenes impartidas el 25 de agosto del año pasado, conducta que, según la juez, fue suficiente para activar las sanciones previstas en la ley para quienes desobedecen fallos constitucionales.
“Se acreditó el incumplimiento injustificado de las órdenes impartidas en sede de tutela”, señaló la juez en la providencia, dejando en evidencia la gravedad de la falta atribuida al secretario de Hacienda.
Como consecuencia, el juzgado impuso una sanción de cinco días de arresto domiciliario y una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, medidas que ponen en entredicho el manejo jurídico y administrativo de una de las carteras más sensibles del gobierno municipal.
El fallo advierte que la medida restrictiva de la libertad deberá cumplirse en la residencia del funcionario y que su ejecución quedará a cargo de la Policía Metropolitana de Ibagué, una vez la sanción quede en firme.
No obstante, el despacho aclaró que la orden de arresto solo se hará efectiva si es confirmada en grado de consulta, tal como lo exige el procedimiento legal para este tipo de decisiones, lo que abre un compás de espera en medio de la polémica.
En cuanto a la sanción económica, el juzgado precisó que la multa deberá ser consignada a favor del Consejo Superior de la Judicatura, en una cuenta del Banco Agrario destinada para sanciones derivadas de incidentes de desacato.
