La intervención ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud a la Unidad de Salud de Ibagué (USI) desató una nueva tormenta política en la capital tolimense. El movimiento, ejecutado en pleno arranque de las campañas legislativas, no solo implicó un relevo inmediato en la gerencia, sino que también reabrió viejos debates sobre la fragilidad financiera de la entidad y su histórica relación con los clanes políticos del departamento.
Funcionarios de la Superintendencia llegaron de manera inesperada a la sede de la USI, cerraron temporalmente algunas oficinas y se llevaron varios documentos relacionados con la ejecución presupuestal. El ambiente dentro de la institución cambió de inmediato: llamadas, correos urgentes y reuniones improvisadas marcaron el mediodía y la tarde de este martes
Para el gobierno municipal, este hecho encendió nuevamente las alarmas. Desde hace más de una década, la USI ha sido considerada el “talón de Aquiles” de las administraciones locales, que no han logrado estabilizar ni modernizar su operación.
La intervención desplazó a la gerente Yennifer Nadia Guzmán y colocó en su lugar a Edilma Isabel Hurtado, quien asume como gerente interventora. Hurtado es conocida por su cercanía con figuras del Partido Liberal y por haber ocupado, hace poco más de un año, la Dirección de Promoción y Prevención en el Ministerio de Salud.
Su llegada no pasó desapercibida: para varios sectores políticos, el nombramiento en este momento preelectoral levanta sospechas sobre posibles intereses estratégicos. En el Tolima, Hurtado ha sido asociada con las estructuras políticas de los Jaramillo, una de las casas de mayor influencia en el departamento y aliada del gobierno nacional.
Mientras crecen las interpretaciones políticas, la crisis financiera de la USI sigue siendo el punto de fondo. Trabajadores y fuentes internas sostienen que la entidad inicia cada año con un déficit que oscila entre 8.000 y 10.000 millones de pesos, situación que se ha agravado por la irregularidad en los giros de las EPS y por una operación que descansa cada vez más en el régimen contributivo.
En un comunicado, la administración de la alcaldesa Johana Aranda insistió en que la crisis responde a “problemas acumulados durante años” y reiteró su voluntad de trabajar con la Superintendencia para enderezar el rumbo de la entidad.
Con el reemplazo en la gerencia y con la Superintendencia al mando, la USI entra en una etapa decisiva. El proceso de intervención definirá la viabilidad de la entidad, pero también podría tener repercusiones en el escenario político local, donde cada decisión cuenta en un ciclo electoral que ya está en marcha.
Por ahora, lo único claro es que la intervención no solo es administrativa: es también un movimiento que reacomoda fuerzas y deja abiertas varias preguntas sobre el futuro de la salud pública en Ibagué.
