La intervención de la Unidad de Salud de Ibagué (USI) desató una tormenta política en la capital tolimense. Mientras para algunos sectores la medida era inaplazable, para otros representa una maniobra sospechosa del Gobierno nacional. En exclusiva para NB Noticias, el concejal Jorge Bolívar y el diputado Juan Guillermo Beltrán revelaron los profundos desacuerdos que hoy fracturan el debate sobre la crisis sanitaria de la ciudad.
Bolívar, quien en julio lideró un debate en el Concejo para pedirle formalmente al Ministerio de Salud y a la Superintendencia intervenir la entidad, aseguró que los hechos hablaban por sí solos. Desde 2022, afirmó, el déficit financiero venía creciendo a un ritmo alarmante, mientras los servicios básicos se desmoronaban:
“El laboratorio no funciona. El servicio de rayos X no funciona. No hay ambulancias. No hay medicamentos. Hay centros de salud cerrados. Todo estaba demostrado”, sentenció.
El concejal añadió que la intervención era inevitable y que la ciudad debe verla como una oportunidad de rescate:
“Me disculpan, pero yo sí celebro que la Superintendencia intervenga la USI. Son muchos contratos de personal, y ni siquiera son de acá. No conocen la necesidad real del municipio. Esto ya no daba para más”, afirmó con contundencia.
Bolívar recalcó que la decisión no implica el cierre de servicios ni afectaciones para los usuarios. Por el contrario, sostuvo que quitar el control administrativo a la actual alcaldía permitirá un manejo más técnico y transparente:
“La gente puede estar tranquila. No van a quitar servicios. Lo que se necesitaba era ponerle orden a la casa”, insistió.
El ambiente político se tensó aún más con la postura diametralmente opuesta del diputado Juan Guillermo Beltrán, quien calificó la intervención como un golpe injustificado contra la ciudad y lanzó fuertes críticas al Gobierno del presidente Gustavo Petro.
En diálogo exclusivo con NB Noticias, Beltrán cuestionó la motivación detrás de la decisión:
“Lamento profundamente esta noticia. Es desproporcionada, muy sospechosa y deja un sin sabor por la politiquería del Gobierno Petro y del ministro Guillermo Alfonso”, declaró.
El diputado advirtió que las intervenciones históricamente no han dejado buenos resultados y recordó un ejemplo reciente:
“Ayer lo dije en redes: es una mala noticia para los ibaguereños y los tolimenses. Siempre que intervienen una Unidad de Salud, pierden los usuarios. Mírenlo con el Federico Lleras Acosta: lo devolvieron peor de lo que se lo entregaron”, afirmó.
La situación dejó en evidencia una profunda grieta entre los sectores que consideran la intervención un acto de salvamento y quienes la ven como una movida política de alto riesgo. Mientras la Superintendencia toma las riendas administrativas, la ciudadanía queda en medio de un debate cargado de acusaciones, advertencias y desconfianzas.
Lo único claro es que la salud de Ibagué, una de las instituciones más golpeadas del municipio, vuelve a convertirse en epicentro de una controversia que apenas comienza.
