Una fuerte controversia judicial se desató en Ibagué luego de que un juez de control de garantías ordenara detención domiciliaria para Paulo Andrés Osorio Uribe, investigado por su presunta responsabilidad en la muerte de Carlos Eduardo Perdomo, crimen ocurrido en las inmediaciones de la conocida plaza de la 21.
Durante la audiencia, la Fiscalía General de la Nación imputó al procesado el delito de homicidio, argumentando que el ataque se habría cometido en condiciones que evidencian la indefensión de la víctima y el uso de arma blanca. Según el ente acusador, el violento hecho se habría originado por una discusión considerada fútil.
De acuerdo con los elementos presentados por los investigadores, el conflicto habría comenzado por una disputa relacionada con una deuda económica. En medio del altercado, Carlos Eduardo Perdomo —quien trabajaba en labores de “gota a gota” y era reconocido en su entorno como deportista— recibió una herida mortal que terminó costándole la vida.
Pese a la gravedad de los señalamientos, durante la diligencia judicial Osorio Uribe no aceptó los cargos formulados en su contra.
La decisión que más polémica ha generado es que, aunque la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario, el juez determinó que el procesado continúe vinculado al proceso desde su residencia, bajo detención domiciliaria, mientras avanzan las investigaciones.
El caso ha generado inquietud entre ciudadanos y familiares de la víctima, quienes esperan que la justicia esclarezca los hechos y determine las responsabilidades en un crimen que, según la hipótesis inicial de las autoridades, se habría desatado por una suma de dinero que terminó en tragedia.
