Ibagué se prepara para una jornada de alta tensión social. Organizaciones sociales, trabajadores, jóvenes, líderes comunitarios y representantes del sector transportador anunciaron la convocatoria a un paro general el próximo miércoles 28 de enero, en rechazo frontal al aumento de la tarifa del transporte público, una decisión que califican como injusta, mal sustentada y agresiva para el bolsillo de miles de ciudadanos.
El anuncio fue realizado por el Comando Unitario Ampliado, cuyos voceros advirtieron que la movilización busca frenar lo que consideran un nuevo golpe económico contra la ciudadanía ibaguereña y exigir una tarifa justa y técnicamente sustentada. En un tono contundente, rechazaron cualquier intento de la administración municipal por deslegitimar la protesta o estigmatizar a quienes se movilicen, recordando que el derecho a la manifestación es constitucional y una herramienta legítima de control social.
“El aumento del salario mínimo no puede seguir siendo la excusa automática para subir tarifas”, señalaron los organizadores, quienes enfatizaron que el transporte público no está indexado al salario mínimo y que, por tanto, ese argumento carece de validez técnica. Además, cuestionaron duramente las explicaciones entregadas por la Secretaría de Movilidad, asegurando que estas no reflejan la realidad operativa ni financiera del servicio y dejan más dudas que certezas.
La jornada de paro se realizará en horas de la mañana del miércoles 28 de enero, con punto de concentración en la avenida 37 con Quinta, y podría afectar seriamente la movilidad y la actividad económica de la ciudad. Pese a ello, los convocantes hicieron un llamado a la ciudadanía a participar de manera pacífica, pero firme, en defensa de sus derechos.
Como antesala a la movilización, el jueves 22 de enero a las 9:00 a. m., el Comando Unitario Ampliado realizará una rueda de prensa en el Café Ilustre, donde dará a conocer los argumentos técnicos que sustentan su rechazo al incremento tarifario. A este espacio fueron invitados organismos de control como la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y otros entes del Ministerio Público, en lo que será un pulso directo entre la ciudadanía organizada y las decisiones de la administración municipal.
Mientras crece el malestar en las calles, la pregunta que queda en el aire es si el Gobierno local escuchará el clamor ciudadano o si Ibagué tendrá que paralizarse para ser escuchada.
