Un nuevo capítulo se abre en uno de los conflictos urbanos más polémicos de la capital tolimense. El Consejo de Estado confirmó la sentencia que obliga al Municipio de Ibagué y a la Policía Metropolitana a recuperar el predio invadido en la tercera etapa de la Ciudadela Simón Bolívar, donde se consolidó el asentamiento conocido como “Villa Resistencia”.
La decisión de segunda instancia deja en firme el fallo del Tribunal Administrativo del Tolima, que amparó los derechos colectivos de los habitantes de las manzanas 77 a 83 del sector, quienes denunciaron un deterioro progresivo en la seguridad, el espacio público y el ambiente.
Según la demanda interpuesta por los residentes, la ocupación ilegal del predio trajo consigo un incremento de hurtos, tráfico de estupefacientes, deforestación y apropiación indebida del espacio público. La situación, aseguran, transformó la tranquilidad del barrio en un foco de inseguridad permanente.
El alto tribunal fue contundente y aunque se han adelantado operativos y trámites administrativos, las medidas adoptadas no han sido suficientes para frenar nuevas ocupaciones ni para garantizar la recuperación definitiva del terreno.
“Existe vulneración de los derechos colectivos con ocasión del asentamiento ilegal, pues se probó el aumento de hechos delincuenciales y la afectación a la percepción de seguridad en el sector”, concluye la providencia.
El fallo ordena al Municipio actualizar el censo de la población asentada y, posteriormente, iniciar y ejecutar el proceso de desalojo en coordinación con la Policía, Cortolima, la Fiscalía y demás entidades competentes. El plazo máximo para cumplir la orden judicial es de seis meses.
Pero la decisión no se limita al desalojo. También impone:
- Operativos periódicos contra estructuras delincuenciales.
- Vigilancia permanente para evitar nuevas invasiones.
- Diseño y ejecución de un proyecto de espacio público recreativo en el terreno recuperado.
- Seguimiento a través de un comité de verificación que supervisará el cumplimiento de las órdenes.
Mientras el Municipio y la Policía Metropolitana se preparan para ejecutar el desalojo, la tensión crece entre quienes reclaman seguridad y quienes alegan necesidad y falta de alternativas de vivienda.
