La carrera por el control fiscal de Ibagué entra en su recta final y lo hace en medio de un ambiente cargado. El presidente del Concejo, Camilo Acevedo, confirmó que la elección del contralor o contralora para el periodo 2026-2029 se realizará este domingo 30 de noviembre, pese a los tropiezos y tensiones que han marcado las últimas semanas.
Acevedo explicó que las fechas del proceso tuvieron que ser modificadas mientras el Concejo esperaba la respuesta del Departamento Administrativo de la Función Pública, encargado de aplicar el examen de integridad a los aspirantes.
Ese examen, que se convirtió en pieza clave del proceso, retrasó la presentación oficial de la terna ante la plenaria.
“Estamos a la espera de los resultados del examen de integridad, que deben llegar de manera formal para que los concejales revisen los documentos previos a la votación”, señaló Acevedo.
Las declaraciones del presidente del Concejo dejan claro que ningún paso puede continuar sin que llegue el informe de Función Pública. Lo que parecía un trámite terminó convirtiéndose en un elemento que podría definir la legitimidad de todo el proceso.
Acevedo insistió en que la información proveniente de la entidad nacional es esencial para brindar “tranquilidad” a la corporación y blindar jurídicamente la decisión final.
El presidente del Concejo defendió la actuación de la mesa directiva:
“Hemos cumplido con cada una de las fases. Hemos respondido a todas las observaciones en los términos del cronograma y también a los requerimientos judiciales”.
Sin embargo, detrás de su mensaje de orden institucional se percibe la tensión acumulada. En los pasillos se comenta que el ajuste de las fechas, sumado a las advertencias jurídicas, mantiene en vilo a varios sectores políticos.
Uno de los puntos más sensibles es la posible inhabilidad de la aspirante Francy Johana Ardila Salazar, tema que Acevedo trató con evidente cautela.
El presidente aclaró que el Concejo no recibió ninguna comunicación oficial, pues la denuncia fue enviada directamente a los correos personales de los concejales. Esto, según dijo, obliga a que cada uno de ellos evalúe individualmente la validez de las advertencias recibidas.
“Hemos solicitado conceptos al equipo jurídico de la Presidencia. Esperamos que cada concejal consulte con sus propios asesores para llegar con tranquilidad al día de la votación”.
Con todo, la Asamblea mantiene firme la fecha del 30 de noviembre, una jornada que podría redefinir la estructura del control fiscal en la ciudad.
A pocas horas de la elección, el ambiente político está encendido y las dudas jurídicas siguen sobre la mesa. Los concejales deberán votar bajo presión, con el examen de integridad como pieza clave y con la mirada crítica de la opinión pública encima.
La elección del próximo contralor o contralora de Ibagué promete no solo definir un nombre, sino también medir el nivel de transparencia y rigor institucional de uno de los procesos más sensibles del año.
