La Alcaldía de Ibagué confirmó que no permitirá la reconstrucción de viviendas en el mismo terreno, al catalogarlo como una zona de alto riesgo, la decisión, anunciada por la alcaldesa Johana Aranda, cayó como un baldado de agua fría entre los damnificados, quienes aseguran que la medida los deja en el limbo si no viene acompañada de soluciones reales de vivienda.
Antes de entrar en detalles, la mandataria fue tajante al justificar la determinación:
“Queda descartado, este es un sitio de riesgo absoluto, están ubicados en un predio de muchísimo riesgo, no solo por lo que se presentó, sino por inundaciones y otras afectaciones identificadas desde hace tiempo”.
Según la administración municipal, un proceso de caracterización permitió identificar 90 núcleos familiares afectados directamente, es decir, cerca de 170 personas, entre ellas 80 menores de edad y 50 adultos mayores.
Sobre este censo, Aranda explicó que busca frenar posibles abusos en medio de la emergencia: “La caracterización se realizó con apoyo de las lideresas y busca evitar que oportunistas saquen provecho de la situación”.
Sin embargo, desde el asentamiento la respuesta ha sido de rechazo e incredulidad. Los habitantes sostienen que el número de familias afectadas es mucho mayor y que la solución no puede limitarse a prohibiciones sin alternativas claras.
“Si no nos van a dejar construir, entonces necesitamos que nos den un lote”, reclamó Jenny Vargas, una de las afectadas.
La mujer también cuestionó las cifras oficiales: “Nosotros aquí éramos entre 150 y 190 familias, no solo 90”.
El inconformismo crece aún más frente a la posibilidad de subsidios de arriendo como salida temporal. Para muchos, esta opción no resuelve el problema de fondo.
“No vamos a aceptar arriendos para que después se laven las manos”, advirtió la misma habitante.
Los damnificados también alertan que el impacto del incendio fue más amplio de lo que se reconoce oficialmente. “A muchos no se les quemó la casa, pero el humo y el agua las dañaron. Aquí todo es en tabla y quedó deteriorado”, explicó Vargas.
Mientras la Alcaldía insiste en que permitir la reconstrucción sería exponer nuevamente a las familias a una tragedia, la comunidad exige una reubicación digna y definitiva que incluya la entrega de lotes.
La decisión, lejos de cerrar la emergencia, la profundiza, pues ahora el debate no solo es por lo que se perdió en el incendio, sino por el futuro incierto de decenas —o incluso cientos— de familias que se resisten a desaparecer del territorio sin una solución concreta.
