Hoy el Consejo Nacional Electoral (CNE) retomó el estudio de la ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz que pide formular cargos a la campaña del presidente Gustavo Petro por presunta financiación con fuentes prohibidas y violación de topes de gastos. Pero no hubo decisión en la Sala Plena y pidió rotación del expediente.
No había una antesala que asegurara que hoy se decidiera. “Claro que puede haber votación, podría no haberla también, dependiendo de la posición de los magistrados. El asunto está en el orden del día”, aseguró ayer la presidenta del CNE, la magistrada Maritza Martínez, al anunciar que hoy retomaría el estudio.
La ponencia de los magistrados, un documento de 314 páginas detalla que en total fueron ocultados de las cuentas oficiales de la aspiración presidencial $6.011 millones. De ese monto, la campaña se voló los topes de gasto en $5.355 millones sumadas la dos vueltas.
La carga probatoria de los magistrados es poderosa en varios puntos. Hay documentos que muestran ocultamiento y alteración de información, triangulación de recursos, e incluso se establece que se usó plata para pagar testigos electorales cuyo origen es desconocido.
¿Por qué es clave? Esa ponencia es importante en el marco de la investigación contra la campaña Petro. Su estudio está en manos del CNE, en donde no hay una mayoría clara por los diferentes orígenes políticos de sus magistrados.
