En un golpe que deja al descubierto la vulnerabilidad de varios sectores residenciales, la Policía Nacional en Ibagué, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desarticuló la estructura delincuencial conocida como “Los Scooter”, señalada de ejecutar una seguidilla de robos a viviendas en la comuna 6 de la ciudad, la vereda El Totumo y el municipio del Guamo.
El operativo, que incluyó diligencias de registro y allanamiento en los barrios Nazareth y El Bunde, permitió la captura de dos hombres y una mujer, presuntos integrantes de esta red criminal. Las órdenes judiciales fueron emitidas por el Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.
Según las investigaciones, la banda era liderada por Diego Echeverry, alias “Pinocho”, de 35 años, quien acumula 14 anotaciones judiciales por hurto y, al parecer, coordinaba cada golpe con precisión. A su lado operaba Juan Polanco, alias “Chirgua”, de 32 años, con antecedentes por hurto, lesiones personales y violencia intrafamiliar, quien sería el encargado de ingresar directamente a las viviendas y ejecutar los robos.
La estructura se completaba con Erika Parrado, alias “Erika”, de 33 años, quien cumplía un doble rol clave: transportaba a los delincuentes y actuaba como “campanera”, alertando sobre cualquier movimiento sospechoso de vecinos o autoridades, lo que les permitía evadir controles y huir con rapidez.
Durante cinco meses de seguimiento, las autoridades lograron establecer que “Los Scooter” utilizaban motocicletas para movilizarse y aplicaban la modalidad de “factor de oportunidad” y escalamiento: vigilaban viviendas, identificaban momentos de ausencia de sus propietarios y forzaban el ingreso para llevarse objetos de valor.
Las pesquisas los vinculan con al menos cinco hurtos a residencias ocurridos en 2024, en los que habrían robado computadores, tablets, celulares, joyas y dinero en efectivo, con un botín que asciende a cerca de 35 millones de pesos.
Pese a la contundencia del operativo y al prontuario de los capturados, la decisión judicial de otorgarles medida de aseguramiento con detención domiciliaria ha generado controversia, reabriendo el debate sobre la efectividad de las sanciones frente a delitos que golpean directamente la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos.
