En una acción militar que ha desatado una nueva tormenta diplomática en el continente, Estados Unidos confirmó haber realizado un ataque el pasado 17 de octubre contra una embarcación sospechosa de traficar drogas en aguas internacionales, dejando tres personas muertas, presuntamente vinculadas al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó que el operativo fue ejecutado “bajo órdenes directas del presidente Trump” y que la nave estaba “afiliada a una organización terrorista colombiana” dedicada al narcotráfico. En un comunicado publicado en X, Hegseth aseguró que “los tres terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque”.
El funcionario comparó a los cárteles de drogas con grupos terroristas internacionales como Al Qaeda: “Estos cárteles son la Al Qaeda del hemisferio occidental. Usan la violencia y el terrorismo para amenazar nuestra seguridad nacional. Serán cazados y eliminados como tales”.
Aunque el Pentágono no precisó la ubicación exacta del ataque, se confirmó que la operación se realizó bajo supervisión del Comando Sur, responsable de las misiones militares de Estados Unidos en América Latina. Hegseth también reafirmó la nueva línea política de la administración Trump, que rebautizó al Pentágono como el “Departamento de Guerra”, marcando una ruptura con el enfoque diplomático previo.
El ataque coincide con el anuncio de Trump de suspender todos los subsidios y ayudas económicas a Colombia, acusando al presidente Gustavo Petro de “fomentar la producción masiva de drogas”. En su red Truth Social, el mandatario estadounidense afirmó:
“Petro, un líder impopular y con una actitud insolente hacia Estados Unidos, debería cerrar estos campos de exterminio de inmediato, o Estados Unidos se los cerrará, y no lo hará de buena forma”.
La respuesta del mandatario colombiano no se hizo esperar. En su cuenta de X, Petro calificó las declaraciones de “amenaza directa” y advirtió que “Estados Unidos está confundiendo la lucha contra las drogas con una cruzada militar que pone en riesgo la soberanía latinoamericana”.
El incidente eleva aún más la tensión entre Bogotá y Washington, tras la decisión del mes pasado en la que Estados Unidos retiró a Colombia la certificación como aliado estratégico en la lucha antidrogas, privando al país de cientos de millones de dólares en cooperación.
Con este ataque, ya son siete las operaciones estadounidenses reportadas desde agosto, con un saldo de al menos 30 presuntos narcotraficantes muertos, en lo que analistas describen como “la mayor ofensiva naval de EE. UU. en el Caribe desde 1989”.
El Gobierno colombiano solicitó explicaciones formales a Washington y anunció que elevará una queja ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la “reiterada violación de la soberanía nacional”.
