El gobierno de Venezuela ha anunciado la detención de 125 personas, a quienes acusa de ser “mercenarios” involucrados en actos terroristas destinados a desestabilizar al país.
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, confirmó la noticia durante una rueda de prensa, asegurando que los detenidos, provenientes de 25 países diferentes, formaban parte de una trama financiada supuestamente por el narcoterrorismo y grupos opositores al gobierno de Nicolás Maduro.
Según informó Cabello, entre los capturados hay ciudadanos de Colombia, Estados Unidos, España, Italia, Alemania, Israel y Yemen, entre otros.
Las autoridades también incautaron un arsenal compuesto por más de 500 armas, aunque no se ofrecieron detalles específicos sobre el tipo de armamento ni sobre las operaciones en las que estos individuos habrían participado.
El ministro vinculó directamente a figuras de la oposición venezolana, como María Corina Machado, y a expresidentes colombianos, como Álvaro Uribe e Iván Duque, con el financiamiento de estas actividades.
El presidente Nicolás Maduro también se refirió al tema, felicitando a las fuerzas de seguridad por las detenciones y destacando el papel de la “inteligencia popular, policial y militar” en la desarticulación de los presuntos complots.
Durante un acto oficial en el palacio presidencial, Maduro señaló que los detenidos tenían como objetivo atentar contra altos funcionarios del gobierno, incluida la vicepresidenta Delcy Rodríguez. “Estamos preparados para cualquier ataque. La paz de Venezuela no será vulnerada”, declaró.
En respuesta a estas supuestas amenazas, el gobierno ha intensificado las medidas de seguridad en Caracas y sus alrededores. Policías encapuchados vigilan los accesos a la ciudad, así como el Parlamento y el palacio de gobierno, mientras agentes armados custodian estaciones del metro.
Estas acciones coinciden con el llamado de la oposición a movilizaciones contra el gobierno, lideradas por Machado, quien ha sido acusada de colaborar con grupos “terroristas”.
Las acusaciones del gobierno también incluyen a gobiernos extranjeros. Cabello aseguró que el financiamiento de estas operaciones proviene de una “alianza peligrosa” entre sectores opositores y el narcoterrorismo colombiano, calificando a sus detractores como “delincuentes políticos y extorsionadores”.
Aunque hasta el momento no se han presentado pruebas concluyentes, las denuncias refuerzan la narrativa oficial de una conspiración internacional para desestabilizar a Venezuela.
Familiares de los detenidos durante las recientes protestas poselectorales también se han manifestado, exigiendo su liberación. Organizaciones como Foro Penal han reportado la excarcelación de adolescentes arrestados en manifestaciones, pero muchas de las denuncias de violaciones a los derechos humanos siguen sin resolverse.
Por su parte, medios internacionales han intentado corroborar las afirmaciones del gobierno, sin que hasta ahora haya confirmación de los países mencionados sobre la detención de sus ciudadanos.
