La política de “mano dura” en materia migratoria ya empezó a tomar forma en Chile. El pasado 16 de abril, el gobierno del presidente José Antonio Kast ejecutó su primer operativo masivo de expulsión de migrantes irregulares, marcando un giro contundente que ya genera controversia tanto dentro como fuera del país.
En total, 40 extranjeros fueron deportados hacia Colombia, Bolivia y Ecuador, en una operación que combina expulsiones administrativas y judiciales. De estos, 25 correspondieron a infracciones migratorias y 15 a decisiones derivadas de procesos penales.
Uno de los puntos más sensibles del operativo fue la llegada de 19 ciudadanos colombianos a Bogotá en la noche del mismo día, tras un vuelo que partió desde Santiago, hizo escala en Iquique y continuó su ruta por Santa Cruz de la Sierra y Quito.
Según las autoridades chilenas, 30 de los expulsados tenían antecedentes por delitos como robo con violencia, tráfico de drogas, lesiones, amenazas o porte ilegal de armas. El resto fue sancionado por ingreso irregular o falta de documentación, lo que ha alimentado el debate sobre los criterios y alcances de estas medidas.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó que estos operativos se intensificarán en las próximas semanas, incluyendo vuelos y traslados terrestres, aunque evitó precisar su frecuencia por razones de seguridad.
Las cifras respaldan el giro en la política migratoria: en el primer mes de gobierno de José Antonio Kast se han concretado 196 expulsiones, superando en un 33% el ritmo del inicio de la administración anterior de Gabriel Boric. Durante el mandato de Sebastián Piñera, el total anual alcanzó 6.668 expulsiones, mientras que en el de Boric fue de 4.544.
El endurecimiento coincide con una caída del 67,4% en los ingresos irregulares, pasando de 6.437 a 2.101 denuncias en un periodo comparable, un dato que el gobierno utiliza como argumento para justificar su estrategia.
Sin embargo, expertos como Juan Pablo Ramaciotti advierten que, aunque el ritmo es más acelerado, la política no se aleja completamente de las líneas adoptadas en administraciones anteriores, lo que abre interrogantes sobre si se trata de un cambio estructural o de una intensificación de medidas ya existentes.
El operativo también pone sobre la mesa desafíos diplomáticos. Aunque los colombianos fueron el grupo más numeroso en este primer vuelo, el 65% de los migrantes irregulares en Chile son de origen venezolano, lo que complica las expulsiones debido a la ruptura de relaciones consulares entre Santiago y Caracas. En este contexto, el gobierno evalúa usar países como Colombia como puente para facilitar estos traslados.
Desde el gobierno del presidente Gustavo Petro, la reacción ha sido limitada. La Cancillería aseguró que no recibió información oficial previa sobre el operativo, aunque aclaró que los ciudadanos que lleguen al país no serán privados de la libertad salvo que tengan cuentas pendientes con la justicia colombiana.
Mientras tanto, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, reiteró que el objetivo es restablecer el orden y garantizar el cumplimiento de la ley, anticipando que los vuelos de expulsión serán “regulares”.
La medida, que para el gobierno representa control y seguridad, para sus críticos abre un debate sobre derechos humanos, cooperación internacional y el riesgo de estigmatizar la migración en una región marcada por la movilidad constante.
