La Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación contra la empresa que administra la Catedral de Sal de Zipaquirá, tras detectar posibles irregularidades en la forma en que se venden los ingresos al emblemático destino turístico.
El ente de control analiza si la compañía estaría condicionando el acceso al templo a la compra obligatoria de paquetes turísticos que incluyen servicios adicionales, una práctica conocida como “venta atada” y que podría vulnerar las normas de libre competencia.
De acuerdo con la información recopilada, los visitantes no tendrían la opción de adquirir una entrada básica, sino que estarían obligados a pagar por un conjunto de servicios integrados en un “pasaporte turístico”. Entre estos se encuentran recorridos guiados, acceso a otros espacios culturales, conexión a internet y transporte interno.
La investigación se sustenta en una etapa previa en la que la autoridad realizó inspecciones, solicitó documentos y recogió testimonios. Estos elementos habrían permitido evidenciar que los servicios adicionales no serían indispensables para el ingreso al recinto.
Uno de los aspectos que más llama la atención de la SIC es que, según los datos analizados, solo la mitad de los turistas hace uso efectivo de los beneficios incluidos en los paquetes, lo que pondría en duda su carácter obligatorio.
Para la entidad, este esquema podría estar limitando la capacidad de decisión de los consumidores, obligándolos a asumir costos adicionales para acceder a uno de los principales atractivos turísticos del país.
El proceso se encuentra en etapa inicial, por lo que la empresa investigada podrá presentar sus descargos y aportar pruebas en su defensa, mientras avanzan las actuaciones administrativas.
Este caso se da en un contexto de crecimiento sostenido del turismo en Colombia, lo que ha llevado a las autoridades a intensificar la vigilancia sobre las prácticas comerciales en el sector, con el fin de proteger los derechos de los visitantes.
