La tensión entre el poder judicial y el Ejecutivo sumó un nuevo capítulo luego de que un juez administrativo de la capital sancionara al presidente Gustavo Petro por desacatar una orden que le exigía retractarse de señalamientos contra un directivo del sector salud.
La decisión impone al mandatario una multa equivalente a 15 salarios mínimos mensuales vigentes, tras considerar que incumplió un fallo de tutela que protegía los derechos al buen nombre y a la honra de Jaime Miguel González Montaño, vinculado a la EPS Coosalud.
Un fallo ignorado
El origen del caso está en una sentencia emitida en noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenaba al jefe de Estado retractarse públicamente por acusaciones de corrupción realizadas sin pruebas.
El fallo establecía condiciones específicas: una disculpa en la red social X y una intervención pública con el mismo alcance de las declaraciones iniciales. Sin embargo, según el juzgado, estas acciones nunca se concretaron.
Pese a requerimientos formales posteriores, incluyendo uno en enero de 2026 que otorgaba un plazo adicional de 48 horas, no hubo evidencia de cumplimiento. Esto llevó a que se abriera un incidente de desacato que culminó en la sanción conocida este 14 de abril.
Declaraciones en el centro de la disputa
Las afirmaciones del presidente se produjeron en medio del debate sobre la crisis financiera del sistema de salud. En ese contexto, Petro acusó directamente a González Montaño de irregularidades, llegando a afirmar que recursos de la EPS habían sido desviados.
Para la justicia, estas declaraciones constituyeron imputaciones graves sin respaldo probatorio, lo que afectó derechos fundamentales del directivo.
Respuesta desafiante
Lejos de moderar su postura, el presidente reaccionó reafirmando sus denuncias. En nuevos pronunciamientos, insistió en que existen auditorías que respaldan sus afirmaciones y volvió a calificar de corrupto al exgerente de Coosalud.
También lanzó críticas contra el sistema judicial y figuras políticas, incluyendo al expresidente Andrés Pastrana, a quienes pidió explicaciones sobre decisiones pasadas en el sector salud.
“Pueden sancionarme, pero no me van a silenciar”, fue el tono general de su respuesta, que deja ver un endurecimiento del discurso frente a las instituciones.
Un debate de fondo
Más allá del caso puntual, el episodio reabre el debate sobre los límites del discurso político y la responsabilidad de los funcionarios públicos al hacer acusaciones sin pruebas.
El fallo también refuerza el papel de la justicia en la protección de derechos fundamentales, incluso frente a las más altas autoridades del Estado.
En un contexto de reformas estructurales al sistema de salud, el caso añade un nuevo elemento de controversia a un escenario político ya marcado por la confrontación.
