La decisión de segunda instancia modificó el fallo que lo había absuelto y estableció una pena de 16 meses de prisión por el delito de peculado por uso. El proceso aún no está ejecutoriado.
La situación jurídica del actual secretario General de la Gobernación del Tolima, Carlos Andrés Portela Calderón, tuvo un nuevo capítulo luego que el Tribunal Superior de Ibagué revocara la decisión absolutoria que había sido emitida en primera instancia y lo declarara responsable del delito de peculado por uso.
La Sala Penal del alto tribunal determinó imponer una condena de 16 meses de prisión en establecimiento carcelario, tras considerar que el entonces secretario de Gobierno de Ibagué habría utilizado de manera indebida un vehículo oficial asignado a la administración municipal.
Los hechos investigados ocurrieron el 14 de marzo de 2021, durante una jornada ciclística en la ciudad de Ibagué, en la que una camioneta perteneciente al municipio acompañó el recorrido. Según la decisión judicial, el automotor habría sido utilizado para una actividad que no correspondía a las funciones oficiales para las cuales estaba destinado.
Dentro del proceso se estableció además que el vehículo era conducido por un contratista, situación que también fue analizada por los magistrados al momento de tomar la decisión.
El argumento de la defensa no fue acogido
Durante el juicio, la defensa del funcionario aseguró que la actividad hacía parte de una estrategia institucional relacionada con la seguridad vial para proteger a los ciclistas; sin embargo, el Tribunal señaló que no encontró documentos oficiales, soportes administrativos ni registros que permitieran confirmar la existencia de dicha campaña.
Los magistrados indicaron que los testimonios presentados durante el proceso no fueron suficientes para demostrar que el uso del vehículo hacía parte de una misión oficial y concluyeron que el automotor habría sido destinado a una actividad de carácter particular.
Una decisión que aún puede ser controvertida
Aunque el Tribunal Superior de Ibagué emitió la condena en segunda instancia, el fallo todavía debe quedar en firme antes de que se hagan efectivas las determinaciones ordenadas por la justicia.
Una vez se surta este trámite, el expediente será enviado al Juzgado Quinto Penal del Circuito de Ibagué, despacho encargado de continuar con las actuaciones correspondientes, incluyendo la eventual orden de captura, si así procede dentro del proceso.
La decisión judicial abre un nuevo escenario para el funcionario, quien actualmente ocupa uno de los cargos administrativos más importantes de la Gobernación del Tolima.
El caso continúa bajo seguimiento y se espera conocer las acciones que asumirá la defensa frente al fallo del Tribunal.
