La reciente decisión del Gobierno nacional de aumentar temporalmente los impuestos al consumo de licores, cigarrillos y tabaco ha abierto un nuevo frente de debate entre la Nación y las regiones. La medida, contenida en el Decreto 1474 de 2025 y expedida bajo el amparo de la emergencia económica, social y ecológica, comenzará a aplicarse en el año gravable 2026 con el propósito de reforzar las finanzas del Estado ante la actual crisis fiscal.
Desde el Ejecutivo se ha insistido en que el incremento tributario es una acción necesaria para garantizar recursos adicionales al Presupuesto General de la Nación y evitar un deterioro mayor de las cuentas públicas. El Ministerio de Hacienda señaló que los ingresos generados por estos gravámenes tendrán destinación exclusiva al presupuesto nacional, como parte de la estrategia para superar el desbalance fiscal que enfrenta el país.
Sin embargo, la Federación Nacional de Departamentos (FND) y los gobernadores de las 32 entidades territoriales expresaron su preocupación por las implicaciones de la medida. En una comunicación oficial dirigida al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, alertaron que el decreto afecta de manera directa la autonomía fiscal de los departamentos y compromete recursos que históricamente han financiado sectores clave como la salud, la educación y el deporte.
El nuevo régimen tributario fija una tarifa del 19 % de IVA para licores, vinos y aperitivos, además de un aumento significativo en el impuesto al consumo de estos productos. De igual forma, amplía el impuesto al tabaco y los cigarrillos para incluir dispositivos electrónicos como los vapeadores, independientemente de si contienen nicotina. El Gobierno ha defendido esta ampliación argumentando razones de salud pública y su coherencia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Para los mandatarios regionales, no obstante, el impacto podría ir más allá de lo fiscal. Uno de los riesgos señalados es el eventual aumento del contrabando y la comercialización ilegal de estos productos, como consecuencia del encarecimiento de la oferta legal. Según la FND, este escenario podría reducir el recaudo real y fortalecer economías ilícitas, afectando tanto la seguridad como la salud pública en los territorios.
El decreto también introduce otras medidas orientadas a incrementar el recaudo en 2026, entre ellas la aplicación del IVA del 19 % a las apuestas y juegos de azar por internet, la reducción de exenciones de IVA en compras internacionales —limitadas a envíos inferiores a 50 dólares—, el aumento del impuesto al patrimonio para grandes fortunas con tarifas de hasta el 5 %, una carga tributaria total del 50 % para el sector financiero y un tributo temporal del 1 % sobre la extracción y exportación de petróleo y carbón.
El desacuerdo ha reavivado la discusión sobre el equilibrio entre la necesidad de recursos del Gobierno central y la sostenibilidad financiera de los departamentos. Mientras el Ejecutivo insiste en la urgencia y legalidad de las medidas, los gobernadores analizan posibles acciones jurídicas para salvaguardar sus ingresos, anticipando un pulso institucional que podría escalar en los próximos meses.
