Gran controversia ha generado en el sur del Tolima la posible liberación de la exalcaldesa de Rioblanco, Elizabeth Barbosa, quien completa cerca de un año privada de la libertad tras haber sido capturada por presuntos vínculos con grupos armados ilegales.
La exmandataria fue detenida en abril de 2024 en Bogotá por funcionarios del CTI de la Fiscalía, en momentos en que se dirigía a cumplir sus labores en el Congreso de la República. Para ese entonces hacía parte de la Unidad de Trabajo Legislativo de la representante a la Cámara Olga Beatriz González.
Las investigaciones adelantadas por las autoridades apuntaban a supuestos nexos con estructuras disidentes de las antiguas Farc que tienen presencia en zonas del sur del departamento, acusaciones que desde el inicio despertaron distintas reacciones entre líderes políticos y habitantes de la región.
El caso también llamó la atención debido a que, durante su periodo como alcaldesa entre 2020 y 2023, Barbosa aseguró haber sido víctima de amenazas por parte de grupos ilegales. De acuerdo con reportes conocidos en ese momento, organismos de inteligencia habrían advertido sobre posibles riesgos contra su integridad.
Luego de su captura, la exfuncionaria fue presentada ante un juez para el desarrollo de las audiencias preliminares y posteriormente quedó cobijada con medida de aseguramiento.
Sin embargo, este lunes el proceso tendría un nuevo capítulo. Fuentes cercanas al caso señalaron que hacia la 3:30 de la tarde se haría efectiva su libertad por vencimiento de términos, debido a retrasos en el avance judicial.
La situación ha reabierto el debate sobre la eficacia de la justicia colombiana y las demoras en procesos penales relacionados con casos de alto perfil en el país.
