Colombia entra en un nuevo escenario económico tras la firma del Decreto 1390, mediante el cual el presidente Gustavo Petro declaró la Emergencia Económica por un período inicial de 30 días. La decisión se tomó el 22 de diciembre de 2025, luego del fracaso de la reforma tributaria en el Congreso, y busca darle al Gobierno herramientas extraordinarias para enfrentar un déficit fiscal que amenaza el funcionamiento del Estado.
Esta figura, contemplada en el artículo 215 de la Constitución, autoriza al Ejecutivo a expedir decretos con fuerza de ley cuando se presentan hechos graves que alteran el orden económico, social o ecológico del país. Aunque su duración inicial es de un mes, la emergencia puede ampliarse hasta un máximo de 90 días durante el año.
Una crisis con múltiples frentes
El decreto expone varios factores que llevaron a tomar esta decisión. Uno de los más urgentes es el financiamiento del sistema de salud. El Gobierno debe cumplir órdenes de la Corte Constitucional para nivelar los pagos que reciben las EPS por cada paciente del régimen subsidiado. Para lograrlo, se necesitan $3,3 billones adicionales en 2026, recursos que hoy no están garantizados.
La seguridad también ocupa un lugar central. El recrudecimiento de la violencia en varias regiones, sumado al uso de nuevas tecnologías por parte de grupos armados ilegales, ha generado costos adicionales para el Estado. Según el Ministerio de Defensa, se requieren $2,7 billones para fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza Pública.
El problema del dinero que no alcanza
El trasfondo de la emergencia es un hueco fiscal considerable. La caída de las leyes de financiamiento dejó un vacío de $12 billones para 2025 y $16,3 billones para 2026, lo que pone en riesgo programas sociales, subsidios y el funcionamiento de sectores clave.
A esto se suman deudas por subsidios de energía y gas que superan los $5 billones, especialmente en la región Caribe, así como obligaciones judiciales pendientes, recursos para la reparación de víctimas y la atención de desastres naturales.
¿Qué cambia con la emergencia?
Durante este periodo, el Gobierno podrá modificar o crear impuestos de manera temporal, reasignar recursos del presupuesto y tomar decisiones rápidas sin pasar inicialmente por el Congreso. Estas medidas buscan evitar una parálisis económica, pero también podrían tener un impacto directo en el costo de vida de los ciudadanos.
No obstante, el poder del Ejecutivo no es ilimitado. Cada decreto deberá ser revisado por la Corte Constitucional, que evaluará si las medidas son proporcionales, necesarias y respetan los derechos fundamentales.
Un momento decisivo
La emergencia económica refleja la compleja situación financiera del país y abre un debate sobre el rumbo económico de Colombia. Mientras el Gobierno defiende la medida como necesaria para proteger derechos básicos como la salud y la seguridad, sectores críticos advierten sobre los efectos que podría tener en los impuestos y en la confianza económica.
Por ahora, el país entra en una etapa de decisiones rápidas, cuyos resultados se sentirán tanto en las cuentas del Estado como en la economía de los hogares.
