La Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia decidió evaluar y, en algunos aspectos, suspender de manera provisional los efectos del Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el presidente Gustavo Petro declaró una emergencia económica y social en el país. La medida cautelar busca evitar un daño irreparable al orden constitucional mientras se adelanta un análisis de fondo sobre la constitucionalidad de la declaración del Ejecutivo.
Contexto de la emergencia económica
El Gobierno nacional promulgó el decreto de emergencia económica en diciembre de 2025 luego que el Congreso de la República hundiera un proyecto de reforma tributaria clave para financiar el presupuesto de 2026. La emergencia habilita al Ejecutivo a expedir decretos con fuerza de ley por un periodo inicial de 30 días para enfrentar un supuesto “colapso fiscal”, y contempla la creación de nuevos impuestos y cargas tributarias dirigidas principalmente a grandes contribuyentes.
Desde su expedición, el decreto ha generado una fuerte polémica en el país. Sectores políticos, gremiales y varios gobernadores han expresado rechazo a la medida, argumentando que no cumple con los requisitos constitucionales de excepcionalidad, imprevisibilidad y sobreviniencia y que podría lesionarse la separación de poderes.
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