En el marco de un Consejo de Seguridad de alto nivel, se abordaron de manera prioritaria las graves afectaciones que enfrenta el sur del Tolima a causa de la minería ilegal y el accionar de grupos armados organizados. El encuentro contó con la participación del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la cúpula militar, la gobernadora Adriana Magali Matiz y los alcaldes de los municipios más afectados por esta problemática.
Uno de los puntos centrales de la agenda fue la situación del municipio de Ataco, donde la minería ilegal se ha convertido en una amenaza directa para el medio ambiente, la seguridad y el tejido social. Según las autoridades, esta actividad ilícita está provocando la destrucción de los ríos, el aumento de la delincuencia, la explotación social y el financiamiento de las disidencias armadas que operan en la región.
Durante el Consejo se alertó que más de 5.000 personas estarían vinculadas a la minería ilegal y que más de 600 máquinas estarían operando de manera irregular en los afluentes hídricos del territorio, generando un impacto ambiental de grandes proporciones y debilitando la gobernabilidad local.
“También alzamos la voz por Ataco”, fue el mensaje unificado de las autoridades departamentales y municipales, quienes insistieron en la urgencia de una intervención integral del Estado para frenar esta actividad ilícita y recuperar el control institucional en las zonas afectadas.
Adicionalmente, se solicitó apoyo contundente de las Fuerzas Militares y de Policía para avanzar en la captura de alias “Chapolo”, señalado cabecilla del frente Ismael Ruiz, quien ejerce control criminal en el sur del departamento. De acuerdo con los reportes, este individuo estaría intimidando a la comunidad mediante la instalación de cilindros en las vías, generando temor y restringiendo la movilidad de los habitantes.
El Consejo de Seguridad concluyó con el compromiso de reforzar las operaciones militares y policiales, articular acciones interinstitucionales y garantizar la presencia permanente del Estado, con el objetivo de proteger a las comunidades, preservar los recursos naturales y debilitar las estructuras criminales que afectan la región.
