En una decisión que sacude el tablero económico y político del país, el Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del decreto que fijaba un incremento del 23,78 % en el salario mínimo, mientras estudia la legalidad del acto administrativo.
La determinación, revelada por el periodista Ricardo Ospina en el programa Mañanas Blu, obliga al Gobierno nacional a expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo máximo de ocho días.
Aunque la decisión no anula de manera definitiva el aumento, sí deja sin efectos inmediatos el incremento mientras el alto tribunal analiza el fondo de la demanda. En términos prácticos, el ajuste queda en suspenso hasta que se determine si cumplió con los requisitos legales y constitucionales exigidos para la fijación del salario mínimo en Colombia.
El magistrado ponente consideró que existen elementos suficientes para estudiar si el Ejecutivo respetó los parámetros técnicos y el proceso de concertación tripartita exigido por la normativa vigente.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro deberá expedir un nuevo acto administrativo de carácter transitorio que incorpore de manera estricta las variables técnicas que rigen la fijación del salario mínimo, entre ellas:
- Índice de inflación
- Productividad laboral
- Crecimiento económico
- Proceso de concertación entre trabajadores, empresarios y Estado
El tribunal enfatizó que el aumento salarial no puede responder únicamente a una decisión gubernamental, sino que debe estar sustentado en criterios objetivos, verificables y previamente definidos en la ley.
La medida reabre una discusión de fondo: ¿hasta dónde puede llegar el margen político en decisiones de alto impacto económico?
Sectores sindicales han defendido el incremento como un acto de justicia social frente al costo de vida, mientras gremios empresariales advierten sobre riesgos para la estabilidad fiscal, el empleo formal y la competitividad.
Con la suspensión provisional, el país entra en una nueva fase de incertidumbre. El pulso ahora no solo es jurídico, sino político: el Ejecutivo deberá demostrar que su propuesta puede sostenerse en cifras y no únicamente en discurso.
El fallo, aunque temporal, marca un precedente contundente sobre los límites del poder reglamentario del Gobierno en materia salarial y deja claro que, incluso en decisiones de alto contenido social, el rigor técnico es obligatorio.
