La muerte del coronel Óscar Dávila volvió a ocupar el centro del debate político nacional luego de que la senadora Paloma Valencia solicitara a la Fiscalía General de la Nación adelantar una investigación “exhaustiva, independiente y transparente” sobre el caso, tras las recientes declaraciones de Angie Rodríguez.
La congresista del Centro Democrático reaccionó después de una entrevista concedida por Rodríguez a Blu Radio, en la que relató que, cuando asumió funciones en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), varios integrantes de la Policía le habrían advertido que la muerte del coronel Dávila “no fue un suicidio”, sino que existirían circunstancias que debían ser esclarecidas por la justicia.
A través de su cuenta en X, Paloma Valencia calificó esas afirmaciones como de “extrema gravedad” y sostuvo que ameritan una respuesta inmediata de las autoridades judiciales.
“Angie Rodríguez afirma que la muerte del coronel Óscar Dávila no fue un suicidio, sino un asesinato para silenciarlo”, escribió la senadora.
En ese sentido, pidió que la Fiscalía adelante las investigaciones “con total transparencia y sin presiones”, garantizando además protección a quienes aporten información relevante.
“Quienes denuncian no pueden quedar desprotegidos”, afirmó la parlamentaria, quien agregó que, si se establecen responsabilidades, los implicados deberán responder ante la justicia.
La controversia surgió durante una entrevista en la que Angie Rodríguez abordó inicialmente el traslado de recursos del Fondo Adaptación destinados a La Mojana.
En medio de la conversación, la funcionaria aseguró que, al llegar al Dapre, varios policías le manifestaron su preocupación por la muerte del coronel Dávila y le habrían dicho que “nadie hablaba del caso por el poder de la Presidencia”.
Según Rodríguez, los uniformados incluso le recomendaron tener cuidado y evitar pronunciarse sobre el tema.
Al ser consultada sobre si consideraba que desde la Casa de Nariño se hubieran ordenado delitos o muertes durante el actual Gobierno, evitó señalar responsables concretos, aunque afirmó que existen “cosas oscuras que la justicia tendrá que esclarecer para el bien de todos los colombianos”.
La directora del Fondo Adaptación también manifestó sentir temor por las consecuencias de sus declaraciones.
La controversia tomó mayor dimensión cuando Daysuris Vásquez recordó en su cuenta de X un episodio ocurrido un día antes de la muerte del coronel Dávila.
Según relató, recibió una llamada de un abogado desde la cuenta de Instagram de la esposa del oficial, quien le habría solicitado una reunión sin escoltas ni acompañantes.
Vásquez aseguró que en ese momento se encontraba reunida con la periodista Vicky Dávila y afirmó que existen testigos de lo sucedido, dejando abierta la pregunta: “¿Qué supone uno?”.
Frente a la controversia, el presidente Gustavo Petro respondió de manera categórica y negó cualquier insinuación de que desde la Presidencia de la República se hubiera ordenado la muerte del coronel Dávila.
El mandatario sostuvo que conoció personalmente al oficial y reiteró que, según su posición, el fallecimiento correspondió a un suicidio, atribuyendo la situación a la presión mediática que enfrentaba.
Además, recordó que la investigación penal continúa en manos de la Fiscalía General de la Nación y calificó las versiones que vinculan a la Casa de Nariño con un supuesto homicidio como “la peor calumnia que se ha dicho de mi presidencia”.
Petro afirmó que nunca ha dado una orden para asesinar a ninguna persona y aseguró que el respeto por la vida ha sido un principio de su trayectoria política. Sobre las declaraciones de Angie Rodríguez, señaló que corresponden a temores personales y a “mentiras en medio de algunas verdades”.
Las afirmaciones de Angie Rodríguez, el pronunciamiento de Paloma Valencia y la respuesta del presidente Petro intensificaron el debate político alrededor de la muerte del coronel Óscar Dávila, un caso que sigue siendo objeto de atención pública.
Hasta el momento, no existe una decisión judicial que modifique las conclusiones oficiales del proceso ni que establezca que el fallecimiento del oficial obedeció a un homicidio. Las distintas afirmaciones corresponden a declaraciones públicas de los involucrados y continúan bajo el ámbito de las investigaciones y actuaciones de las autoridades competentes.
