En una operación conjunta liderada por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y autoridades internacionales, fue desmantelada una sofisticada organización criminal que utilizaba inteligencia artificial para engañar a ciudadanos con falsas ofertas de visas y residencias permanentes para Estados Unidos.
El operativo, desarrollado en la capital tolimense en el marco de la Estrategia Nacional Contra el Cibercrimen, contó con el apoyo del Centro Americano Contra el Cibercrimen de AMERIPOL y de la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI). Como resultado, fueron capturadas en flagrancia cinco personas señaladas de integrar la estructura delincuencial y se realizaron tres allanamientos en inmuebles que funcionaban como centros clandestinos de operaciones.
Según las autoridades, la red criminal extendió su accionar a siete países de la región: Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México y Perú, donde captaba víctimas mediante más de un centenar de perfiles falsos en redes sociales, ofreciendo supuestos procesos migratorios con aparentes garantías de éxito.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue el uso de herramientas avanzadas de inteligencia artificial para perfeccionar el fraude. Los delincuentes empleaban tecnología DeepFace para modificar digitalmente sus rostros y acentos durante videollamadas, simulando ser funcionarios consulares estadounidenses o integrantes de agencias gubernamentales. Además, utilizaban clonación de voz, chatbots automatizados, guiones personalizados y contenido audiovisual manipulado para convencer a las víctimas de la autenticidad de los trámites.
El director de Investigación Criminal e INTERPOL, coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, explicó que la organización había creado más de 100 perfiles falsos en plataformas digitales para atraer a personas interesadas en migrar a Estados Unidos, generando una apariencia de legitimidad mediante el uso de tecnologías de última generación.
Las investigaciones también permitieron establecer, gracias a información suministrada por inteligencia de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la ubicación de dos “call centers” clandestinos que operaban desde viviendas familiares en Ibagué. Allí, cada integrante tenía funciones específicas para contactar a las víctimas mediante llamadas telefónicas y aplicaciones de mensajería instantánea, mientras especialistas del Centro Cibernético Policial lograron identificar y neutralizar el software de inteligencia artificial utilizado para las suplantaciones.
Durante las diligencias judiciales fueron incautados 105 elementos materiales probatorios que evidencian el alto nivel de sofisticación de la organización. Entre ellos se encontraron más de 330.000 dólares falsificados utilizados para cometer las estafas, cerca de 13 millones de pesos en efectivo, dos cheques falsos del Bank of America por un valor conjunto de 430.000 dólares, 28 teléfonos celulares, cinco computadores, una tableta electrónica y una cámara de video.
Asimismo, las autoridades hallaron nueve documentos gubernamentales falsificados de Estados Unidos, formularios migratorios adulterados, manuales de operación, libretas con información de las víctimas, banderas, escudos oficiales, una toga con insignias del Gobierno estadounidense y un uniforme falso de la agencia HSI, elementos utilizados para reforzar la apariencia de legalidad durante las videollamadas. En el procedimiento también fueron incautados 17 bloques de marihuana con un peso superior a nueve kilogramos.
Los capturados fueron identificados como Diana Murillo Vásquez, Johanna Murillo Vásquez, Jhon García, Sebastián Montealegre y María Cruz. Tres de ellos fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien legalizó las capturas, mientras la Fiscalía les imputó cargos por violación de datos personales, falsedad personal agravada por el uso de inteligencia artificial, utilización ilícita de redes de comunicaciones, falsedad en documento privado, tráfico de moneda falsificada y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los otros dos implicados quedaron vinculados al proceso mediante medidas administrativas.
