Lo que comenzó como un mensaje de solidaridad tras los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio terminó convirtiéndose en el primer pulso diplomático entre el gobierno electo de Abelardo de la Espriella y el Ejecutivo venezolano.
La administración entrante respondió oficialmente al duro pronunciamiento de Caracas, que rechazó las declaraciones del presidente electo sobre una eventual participación de Colombia en la reconstrucción de las zonas afectadas y dejó claro que esa labor corresponde “exclusivamente” al Estado venezolano.
En un comunicado divulgado este 11 de julio, el equipo de De la Espriella aseguró que las palabras del mandatario electo fueron interpretadas fuera de contexto y negó que existiera cualquier intención de desconocer la soberanía venezolana.
“Las afirmaciones del presidente electo fueron realizadas desde una perspectiva exclusivamente humanitaria y de cooperación regional, inspiradas en la convicción de que, ante tragedias de esta magnitud, los países vecinos deben estar dispuestos a sumar capacidades para aliviar el sufrimiento de las comunidades afectadas”, señaló el gobierno entrante.
La respuesta llegó horas después de que el Ejecutivo venezolano manifestara haber observado “con extrañeza” las declaraciones del mandatario colombiano y afirmara que no existe, por ahora, ningún mecanismo de coordinación con la futura administración de Colombia.
Caracas también fue enfática al advertir que la conducción, planificación y ejecución de la reconstrucción corresponde únicamente al Estado venezolano, descartando cualquier interpretación sobre una eventual participación extranjera con competencias en ese proceso.
Lejos de escalar el tono, el equipo de De la Espriella insistió en que nunca planteó sustituir a las autoridades venezolanas, sino expresar la disposición de Colombia a colaborar si existieran canales institucionales y voluntad política entre ambas naciones.
“La reconstrucción representa un reto de enorme magnitud que puede beneficiarse de la cooperación internacional y del intercambio de capacidades técnicas”, indicó el comunicado.
La administración electa sostuvo que Colombia cuenta con recursos humanos, logísticos y técnicos capaces de contribuir a la recuperación de infraestructura, la remoción de escombros y la atención de las comunidades afectadas, mencionando incluso la experiencia de los ingenieros militares y del sector privado nacional.
No obstante, aclaró que cualquier participación dependería exclusivamente de mecanismos oficiales de cooperación y del respeto al derecho internacional.
“La solidaridad entre pueblos hermanos debe prevalecer sobre cualquier diferencia política. Las tragedias no distinguen fronteras ni ideologías”, afirmó el gobierno entrante al defender el espíritu humanitario de la propuesta.
Desde Venezuela, la respuesta fue igualmente categórica.
El Gobierno sostuvo que ya dispone de los recursos necesarios para afrontar la reconstrucción de las zonas afectadas por el doble sismo del 24 de junio y reiteró que no existe ninguna articulación prevista con la futura administración colombiana.
Aunque agradeció las manifestaciones de apoyo expresadas por distintos países y organismos internacionales, el Ejecutivo venezolano dejó abierta únicamente la posibilidad de establecer, si así lo considera conveniente, alianzas con empresas públicas o privadas internacionales bajo sus propios términos y en ejercicio de sus atribuciones soberanas.
El intercambio de comunicados deja en evidencia que, incluso antes de la posesión presidencial en Colombia, las relaciones entre ambos gobiernos ya enfrentan un primer episodio de tensión diplomática.
Mientras el gobierno electo insiste en que su propuesta obedeció a un gesto de cooperación humanitaria, Caracas respondió con un mensaje inequívoco: la reconstrucción de Venezuela no estará bajo la influencia ni la coordinación del próximo gobierno colombiano.
