A una semana de que Colombia elija a su próximo presidente, la campaña presidencial entró en uno de sus episodios más explosivos y controversiales. La denuncia presentada por Iván Cepeda contra Abelardo de la Espriella ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional (CPI) desató una tormenta política y jurídica que amenaza con intensificar aún más la polarización del país.
El detonante fue la contundente respuesta del abogado Víctor Mosquera, quien aseguró que la actuación anunciada por el candidato del Pacto Histórico ante la CPI carece de sustento jurídico y desconoce las reglas básicas del funcionamiento de ese tribunal internacional.
“Está presentando ante la opinión pública un error. No se pueden presentar denuncias penales ante la Corte Penal Internacional porque el Estatuto de Roma no lo prevé”, afirmó Mosquera, cuestionando directamente la estrategia judicial emprendida por Cepeda.
Las declaraciones encendieron el debate nacional al poner en duda la viabilidad de una de las acciones más agresivas lanzadas hasta ahora en medio de la campaña presidencial. Según Mosquera, la Corte Penal Internacional no opera como un tribunal nacional donde cualquier ciudadano puede presentar denuncias penales de manera directa.
El jurista explicó que el Estatuto de Roma establece que las investigaciones pueden iniciarse únicamente por decisión del fiscal de la Corte, por remisión de un Estado o por solicitud del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero no mediante acciones promovidas directamente por particulares o candidatos políticos.
“La CPI tiene procedimientos específicos y claramente definidos. No es una instancia donde cualquier persona pueda radicar una denuncia penal como ocurre en la justicia colombiana”, sostuvo.
Mosquera también recordó que Colombia dejó de estar bajo examen preliminar de la Corte Penal Internacional desde 2021, un hecho que, según dijo, resulta fundamental para comprender el contexto jurídico de las actuaciones anunciadas por Cepeda.
Pero más allá del debate legal, el pronunciamiento abrió una discusión de fondo sobre el uso de los escenarios judiciales en plena contienda electoral.
“No se puede seguir utilizando el sistema judicial, ni colombiano ni internacional, como mecanismo de réditos políticos”, advirtió Mosquera, quien señaló que organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han reiterado que las diferencias entre candidatos deben resolverse en el terreno político y democrático, no mediante procesos orientados a desacreditar adversarios.
La controversia surgió después de que Iván Cepeda anunciara una denuncia contra Abelardo de la Espriella por presuntos hechos que, según sostiene, podrían tener relación con crímenes de lesa humanidad y actividades vinculadas a estructuras paramilitares.
El expediente presentado por el candidato del Pacto Histórico menciona supuestos elementos obtenidos de procesos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), del sistema de Justicia y Paz y de informes de la Comisión de la Verdad. Entre los delitos señalados figuran presunto concierto para delinquir, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito.
Cepeda aseguró que la documentación recopilada podría contribuir a esclarecer si De la Espriella tuvo algún tipo de participación directa o indirecta con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una afirmación que elevó la tensión política a niveles sin precedentes.
“Siempre se había afirmado o presumido que De la Espriella era financiador o cómplice de la organización paramilitar, pero los documentos que hemos venido reuniendo podrían eventualmente esclarecer si perteneció directamente y actuó como parte de las AUC”, manifestó el candidato presidencial.
Uno de los puntos centrales de la denuncia gira alrededor de la Fundación Iniciativas de Paz (Fipaz), organización que fue presidida por De la Espriella. Según Cepeda, diferentes informes y decisiones judiciales habrían señalado a esa fundación como un instrumento utilizado para expandir la influencia social de grupos paramilitares en determinadas regiones del país.
La denuncia también menciona presuntos vínculos con antiguos comandantes de las AUC, entre ellos Salvatore Mancuso, Iván Roberto Duque, Uber Enrique Banquez, Juan Pablo Sánchez Morales, Hugues Rodríguez y Juan Carlos Sierra.
Mientras tanto, desde sectores cercanos a De la Espriella se insiste en que la denuncia responde a una estrategia política orientada a afectar la imagen del candidato opositor en los días decisivos previos a la segunda vuelta presidencial.
El choque entre ambos aspirantes se produce cuando las encuestas muestran una disputa cerrada por la Presidencia y cuando cada movimiento puede influir en la percepción de millones de votantes.
Ahora la batalla ya no solo se libra en plazas públicas, debates y redes sociales. También se traslada a los estrados judiciales, en medio de acusaciones cruzadas que prometen convertir la última semana de campaña en una de las más tensas y polémicas de la historia reciente de Colombia.
La gran pregunta que queda sobre la mesa es si las denuncias lograrán producir efectos jurídicos reales o si terminarán siendo vistas como una nueva arma electoral dentro de una contienda marcada por la confrontación y la desconfianza entre los dos proyectos políticos que buscan llegar a la Casa de Nariño.
