La tensión volvió a apoderarse de la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia luego de que un grupo de encapuchados intentara generar disturbios y presuntamente preparar escenarios de confrontación dentro del campus universitario. La situación obligó a activar protocolos de emergencia, declarar alerta naranja y evacuar varios sectores ante el riesgo de posibles artefactos explosivos.
Sin embargo, en medio del caos y el temor, fueron los propios estudiantes, docentes y brigadas de emergencia quienes evitaron que la situación escalara a hechos de mayor gravedad. Según las directivas universitarias, la rápida reacción de la comunidad académica frustró la toma violenta de edificios y obligó a los encapuchados a retirarse del lugar.
La vicerrectora de la sede Bogotá, Lorena Chaparro, confirmó en entrevista con un medio nacional que los hechos se registraron hacia el mediodía, cuando las autoridades internas recibieron alertas sobre personas que ingresaron a edificios cercanos a la Facultad de Ciencias Humanas para cambiarse de ropa y cubrir sus rostros.
“Los estudiantes y profesores que se encontraban impidieron que se tomaran el edificio y que los evacuaran del espacio”, afirmó la directiva universitaria durante la entrevista con el periodista Néstor Morales.
De acuerdo con Chaparro, el equipo del CEPREVÉ acudió de inmediato para verificar la situación tras conocerse reportes sobre la presencia de materiales peligrosos dentro de las instalaciones. La universidad confirmó posteriormente que se hallaron elementos que podrían ser utilizados para fabricar explosivos artesanales, lo que elevó la preocupación dentro del campus.
“Encontramos una situación de conflicto material, que estarían explosivos, artefactos explosivos que se podrían estar elaborando en el edificio y que ponen en riesgo a las personas”, explicó la vicerrectora.
La gravedad del hallazgo llevó a las directivas a decretar alerta naranja y ordenar evacuaciones preventivas en algunos sectores de la universidad mientras se adelantaban las inspecciones de seguridad. Aunque el temor por posibles detonaciones generó momentos de angustia entre estudiantes y trabajadores, finalmente no se registraron explosiones dentro de la institución.
“Afortunadamente no tuvimos situación dentro del campus de uso de esos explosivos”, señaló Chaparro.
Las directivas también revelaron que quienes protagonizaron los hechos no serían estudiantes activos de la universidad. Según explicó la vicerrectora, la política de “campus abierto” permite el ingreso de personas mediante identificación con cédula o carné institucional, un modelo que busca garantizar el acceso libre a la educación, pero que nuevamente quedó en el centro de la polémica por temas de seguridad.
El episodio reabrió el debate sobre la presencia de actores externos dentro de la universidad y la capacidad institucional para evitar el ingreso de materiales peligrosos o la infiltración de grupos violentos. Durante los disturbios también aparecieron símbolos y mensajes alusivos a las disidencias de las FARC-EP, situación que, según Chaparro, ya había sido denunciada anteriormente ante las autoridades competentes.
“Nosotros hemos venido teniendo que hacer unas denuncias frente a abandonos, panfletos y avisos que han dejado en el campus. Eso lo conocen las autoridades”, afirmó.
La reacción de estudiantes y profesores fue interpretada por las directivas como una muestra de rechazo frente a las prácticas violentas dentro de la universidad. Para la administración, el hecho de que la propia comunidad académica enfrentara a los encapuchados demuestra un creciente cansancio frente a los disturbios que afectan constantemente la convivencia y el desarrollo normal de las actividades.
“Eso demuestra precisamente que esas no son prácticas que nosotros apoyemos desde el interior de la universidad”, sostuvo la vicerrectora.
Además del impacto operativo, las autoridades universitarias alertaron sobre las consecuencias emocionales que generan este tipo de episodios en miles de personas que diariamente permanecen dentro del campus.
“Esto afecta no solamente el día a día de la universidad, sino afecta la infraestructura, afecta la salud mental de quienes habitan especialmente en estos edificios”, manifestó Chaparro.
Tras un consejo de sede realizado luego de la emergencia, la universidad confirmó el retorno a las actividades académicas normales y aseguró que la situación quedó bajo control. No obstante, el episodio vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad dentro de la principal universidad pública del país, donde recurrentemente se presentan disturbios protagonizados por encapuchados que terminan alterando el funcionamiento institucional y poniendo en riesgo a la comunidad educativa.
