La familia de Yulixa Consuelo Toloza Rivas rompió el silencio y lanzó un contundente pronunciamiento público en medio de la creciente tensión alrededor del caso, rechazando las amenazas y mensajes difundidos en redes sociales que promueven actos de “justicia por mano propia”.
A través de un comunicado oficial, los representantes de la familia advirtieron sobre la gravedad de las publicaciones que circulan en plataformas digitales y reiteraron que, desde el inicio del proceso, han acudido únicamente a las vías institucionales y judiciales para exigir el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.
En el documento, la familia dejó claro que mantiene plena confianza en la Fiscalía General de la Nación y en los jueces de la República, insistiendo en que cualquier búsqueda de justicia debe desarrollarse dentro del marco constitucional y legal.
Además, solicitaron a las autoridades investigar las amenazas y mensajes que han comenzado a circular en redes sociales y que, según indicaron, podrían poner en riesgo la integridad y seguridad de personas vinculadas al proceso judicial.
El pronunciamiento también incluyó un llamado directo a la ciudadanía para actuar con responsabilidad frente al uso de plataformas digitales y evitar contenidos que puedan interferir en el desarrollo de las investigaciones.
“La justicia debe actuar dentro de la legalidad y el respeto por el debido proceso”, señalaron los representantes de la familia, advirtiendo que cualquier actuación al margen de la ley termina afectando el Estado de derecho y comprometiendo el avance de las actuaciones judiciales.
La controversia alrededor del caso ha provocado una fuerte ola de reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios han difundido mensajes de presión, señalamientos y amenazas que ahora podrían convertirse en materia de investigación por parte de las autoridades competentes.
Finalmente, la familia reiteró que continuará utilizando exclusivamente los mecanismos establecidos por la Constitución y las instituciones judiciales del país, mientras pidió garantías y protección para todas las personas relacionadas con el caso.
El pronunciamiento aparece en un momento de alta sensibilidad pública y creciente debate digital, donde las autoridades también han advertido sobre los riesgos de promover discursos de odio, amenazas o actos de justicia privada a través de redes sociales.
