El Gobierno Nacional dio un paso clave en su agenda social tras acompañar la radicación de la ponencia del proyecto de ley que busca regular el contrato y el jornal agrario en Colombia, una iniciativa que pretende transformar las condiciones laborales de millones de trabajadores rurales y avanzar en una de las principales apuestas políticas del presidente Gustavo Petro: la dignificación del trabajo campesino.
La propuesta fue presentada por los representantes a la Cámara Alfredo Mondragón y Karen López, y es considerada uno de los proyectos sociales más ambiciosos impulsados por el actual Gobierno para reducir las brechas históricas entre el campo y la ciudad.
Actualmente, el sector agropecuario emplea cerca de 3,4 millones de personas en Colombia, equivalentes al 14,4 % de la fuerza laboral nacional. Sin embargo, las cifras de informalidad siguen siendo alarmantes: el 83,1 % de quienes trabajan en el campo no cuentan con garantías laborales plenas, según datos del DANE.
La iniciativa busca enfrentar precisamente esa realidad mediante la creación del contrato agropecuario, una figura diseñada para trabajadores vinculados a actividades de producción y transformación agraria de carácter temporal o estacional.
Entre las garantías contempladas en el proyecto aparecen el descanso semanal remunerado, el pago de recargos nocturnos y horas suplementarias, pausas obligatorias para alimentación e hidratación, medidas de protección frente a condiciones climáticas extremas y el reconocimiento del tiempo de disponibilidad como parte de la jornada laboral remunerada.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, defendió la iniciativa y aseguró que se trata de una deuda histórica con el campesinado colombiano.
“Esta es una reforma profundamente social y democrática para el campo colombiano. Durante décadas el campesinado sostuvo la economía agrícola del país en medio de la informalidad y la exclusión. Hoy estamos avanzando hacia un modelo que reconoce derechos, garantiza protección social y dignifica la vida de quienes trabajan la tierra”, afirmó el funcionario.
Uno de los puntos más relevantes del proyecto regula el jornal agropecuario, estableciendo que deberá incluir no solo el pago diario ordinario, sino también prestaciones y componentes legales, garantizando ingresos no inferiores al salario mínimo vigente más un factor prestacional mínimo del 30 %.
La propuesta también prohíbe la tercerización e intermediación laboral para el suministro de mano de obra agropecuaria, una medida con la que el Gobierno busca combatir prácticas de precarización laboral históricamente denunciadas en el sector rural.
Otro aspecto destacado establece que la formalización laboral no afectará la clasificación en el Sisbén ni limitará el acceso de los trabajadores rurales a subsidios, programas sociales o transferencias del Estado, evitando que miles de familias tengan que escoger entre acceder a derechos laborales o conservar ayudas sociales.
Además, el articulado ordena a las cajas de compensación ampliar servicios de bienestar, educación, recreación y subsidios dirigidos específicamente a las comunidades trabajadoras del campo.
Con esta radicación ante el Congreso de la República, el Gobierno busca consolidar una reforma estructural orientada a fortalecer el trabajo digno, reducir la desigualdad y modernizar las condiciones laborales en el campo colombiano, uno de los sectores históricamente más golpeados por la informalidad y la exclusión social.
