Una nueva tormenta política sacude las relaciones entre Colombia y Bolivia. El Gobierno boliviano declaró persona non grata a la embajadora colombiana, Elizabeth García, y ordenó su expulsión inmediata del país este 20 de mayo de 2026, tras acusar al presidente Gustavo Petro de intervenir en asuntos internos relacionados con la situación judicial del exmandatario Evo Morales.
La drástica decisión fue oficializada por la Cancillería boliviana mediante un duro comunicado en el que el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira aseguró que existe una “injerencia constante” por parte del mandatario colombiano y un supuesto respaldo a movimientos que, según La Paz, buscan desestabilizar la democracia boliviana.
“El Estado Plurinacional de Bolivia considera indispensable que toda valoración o pronunciamiento externo respecto de la situación interna del país se desarrolle con responsabilidad, prudencia diplomática y pleno respeto a la institucionalidad democrática y constitucional vigente”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia.
La expulsión de Elizabeth García fue adoptada, según el Gobierno boliviano, bajo los parámetros de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y dentro del ejercicio de la soberanía nacional. La diplomática colombiana recibió la orden formal de concluir sus funciones y abandonar el territorio boliviano dentro del plazo establecido por las normas internacionales.
Aunque Bolivia aclaró que la medida no significa una ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia, sí representa uno de los episodios más tensos entre ambos gobiernos en los últimos años.
La crisis escaló después de varias publicaciones realizadas por Petro en la red social X, donde se refirió a las protestas que atraviesa Bolivia como una “insurrección popular” y atribuyó la crisis política a “la soberbia geopolítica”.
“Latinoamérica y el Caribe deben ser escuchados por el mundo mirando de frente en paz, y hablando con franqueza”, escribió el presidente colombiano, generando una inmediata reacción de rechazo por parte del Ejecutivo boliviano.
Las declaraciones fueron interpretadas en Bolivia como un respaldo indirecto a Evo Morales, quien actualmente permanece prófugo luego de haber sido declarado en rebeldía por el Tribunal de Tarija. Sobre el exmandatario pesa una orden de captura dentro de un proceso judicial por presuntos delitos de trata de menores.
En otro de sus mensajes, Petro afirmó que “no debe haber presos políticos en ninguna parte de las Américas”, comentario que terminó aumentando aún más la tensión diplomática entre ambos países.
Poco después, Evo Morales respondió públicamente agradeciendo al mandatario colombiano por “defender la soberanía de América Latina ante la soberbia del imperialismo”, lo que profundizó la molestia del Gobierno boliviano.
La Cancillería de Bolivia insistió en que la crisis institucional del país únicamente puede resolverse mediante los mecanismos constitucionales internos y sin “interferencias externas que puedan alterar la estabilidad institucional o profundizar la polarización”.
El choque diplomático ocurre en un momento especialmente delicado para Bolivia. Hace apenas seis meses, Rodrigo Paz Pereira llegó al poder poniendo fin a casi veinte años de dominio político del Movimiento al Socialismo (MAS), liderado históricamente por Evo Morales.
Desde entonces, el país enfrenta una ola creciente de protestas, bloqueos y movilizaciones sociales impulsadas por sindicatos, organizaciones campesinas y sectores indígenas. Las manifestaciones comenzaron con reclamos salariales y posteriormente evolucionaron hacia exigencias de renuncia contra el nuevo mandatario.
La Central Obrera Boliviana mantiene protestas activas y exige un incremento salarial del 20 %, mientras el Gobierno ha desplegado operativos conjuntos entre Policía y Fuerzas Armadas para desbloquear vías estratégicas entre La Paz y El Alto.
Sin embargo, ante el temor de una escalada violenta, el Ejecutivo boliviano abrió mesas de diálogo con organizaciones indígenas y campesinas en un intento por contener la crisis.
Mientras tanto, la expulsión de la embajadora colombiana deja en evidencia el fuerte deterioro de las relaciones políticas entre Bogotá y La Paz y anticipa un escenario diplomático aún más complejo en medio de la creciente tensión regional.
