La tragedia que redujo a cenizas decenas de viviendas en el barrio Álamos sigue dejando cicatrices en Ibagué. En medio del drama de familias enteras que lo perdieron todo, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo aprobó el Plan de Atención a la Emergencia (PAE), con el que se garantizará un subsidio mensual de arriendo para las 94 familias damnificadas por el voraz incendio.
Cada núcleo familiar recibirá 400.000 pesos mensuales durante nueve meses, en un esfuerzo conjunto entre la Alcaldía de Ibagué, la Gobernación del Tolima y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La medida busca evitar que las víctimas queden abandonadas a su suerte tras el incendio que destruyó 77 viviendas y dejó escenas de angustia, llanto y desesperación en este sector de la ciudad.
El secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo, Harol Wilches, explicó que el apoyo económico se dividirá en tres etapas: los primeros tres meses serán asumidos por el municipio, los siguientes tres por el departamento y los últimos tres por la UNGRD.
“A esas personas no podemos dejarlas solas. Tenemos que mirar cómo podemos garantizarles una vivienda digna”, aseguró el funcionario.
Aunque inicialmente se habló de 77 viviendas afectadas, el censo oficial reveló una realidad aún más dramática: en muchas casas convivían varios núcleos familiares, elevando el número total de damnificados a 94 familias. El registro fue elaborado manzana por manzana junto con líderes comunitarios del sector.
Las personas censadas quedarán inscritas en la plataforma oficial de la UNGRD, requisito clave para acceder en el futuro a subsidios de vivienda y programas de reubicación.
Además, la alcaldesa de Ibagué anunció que el municipio entregará un lote para que las familias puedan levantar nuevamente sus hogares en un lugar seguro, fuera de zonas de riesgo y corredores ambientales.
Mientras las cenizas aún cubren parte del barrio Álamos, cientos de afectados intentan reconstruir sus vidas con la esperanza de que la ayuda prometida no se quede solo en anuncios y que la tragedia no termine convirtiéndose en otro caso de olvido estatal.
