Un explosivo diagnóstico sobre la magnitud de la minería ilegal sacudió el debate nacional luego de que la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, revelara cómo esta actividad ilícita se convirtió en una de las economías más rentables para estructuras armadas, superando incluso al narcotráfico y dejando a su paso devastación ambiental, pobreza extrema y una profunda crisis social.
Las declaraciones se dieron durante el panel “Minería ilegal, degradación de ecosistemas y gobernanza territorial en el sur del Tolima”, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026, donde la mandataria expuso cifras que evidencian la dimensión del fenómeno: mientras un gramo de oro alcanza los $550 mil, uno de cocaína ronda los $10 mil, una brecha que ha convertido la extracción ilegal en un negocio altamente lucrativo para grupos armados ilegales.
Según Matiz, estas estructuras estarían recibiendo hasta $7 mil millones mensuales mediante cobros extorsivos que oscilan entre $5 y $8 millones por el ingreso de maquinaria pesada, además de exigir el 15% de la producción. “¿Qué le queda al territorio? Pobreza, daño ambiental y descomposición social”, sentenció.
La gobernadora fue más allá y encendió las alarmas al señalar que el problema no solo es ambiental, sino de seguridad nacional, al advertir sobre el control territorial ejercido por disidencias de las Farc en el sur del departamento. Esta situación, dijo, obligó a las autoridades regionales a escalar la crisis a nivel nacional tras verse desbordadas.
Como parte de la estrategia, se solicitó la intervención del Ministerio de Defensa y se logró la implementación de un plan piloto con la Fuerza Pública. Sin embargo, uno de los mayores obstáculos sigue siendo la falta de aplicación efectiva de la norma: “Hoy hay cerca de 300 máquinas operando ilegalmente porque en controles viales presentan papeles en regla y, ante el desconocimiento, los dejan pasar”, denunció.
La situación se agrava con la llegada masiva de al menos 3.000 personas provenientes de otras regiones, muchas de ellas vinculadas a estas economías ilícitas. Incluso, la mandataria reveló intentos de asonada contra la Fuerza Pública, donde habrían sido utilizados mujeres embarazadas y menores de edad para frenar los operativos.
Pese a la gravedad del panorama, Matiz aseguró que las autoridades continúan avanzando en el control del territorio. No obstante, su mensaje fue contundente: el sur del Tolima enfrenta una economía criminal más rentable que la droga, que se fortalece en medio de vacíos institucionales y deja una huella profunda de destrucción social y ambiental.
