La emergencia por el incendio en el asentamiento Álamos dio un giro judicial que pone contra las cuerdas a la administración local en Ibagué. Un juzgado admitió una acción de tutela en favor de niños, niñas y adolescentes afectados por la conflagración y ordenó medidas inmediatas para garantizar su protección, en medio de una crisis que ya es calificada como humanitaria.
El recurso fue interpuesto por el abogado Hernando Álvarez Urueña, en representación de la Asociación Popular de Vivienda La Monta, actuando como agente oficioso de los menores damnificados.
La decisión judicial no deja margen de espera: impone una medida provisional de cumplimiento inmediato que obliga a la Alcaldía de Ibagué y al Consejo de Gestión del Riesgo a garantizar un albergue temporal digno para las familias que lo perdieron todo, ya sea en la zona afectada o en un lugar cercano que permita preservar la unidad de la comunidad.
El fallo cobra aún más peso al evidenciar que la tragedia no solo responde al incendio, sino a condiciones estructurales de vulnerabilidad que, según la tutela, ya eran conocidas por las autoridades y que se agravaron tras la emergencia.
En el centro de la decisión están al menos 87 menores de edad que hoy enfrentan condiciones de extrema precariedad, sin vivienda y con acceso limitado a garantías básicas. El juzgado fue claro en advertir que el incumplimiento de la orden podría acarrear sanciones, lo que eleva la presión sobre las entidades responsables.
“Esto no es una tutela contra nadie, es para que las instituciones se activen y garanticen derechos fundamentales”, explicó Álvarez Urueña, quien insistió en la necesidad de una respuesta articulada entre el gobierno local y nacional.
Mientras tanto, desde la comunidad crece la exigencia de soluciones de fondo. Más allá del albergue temporal, las familias piden acciones concretas que les permitan acceder a una vivienda digna y dejar atrás años de abandono institucional.
