Lo que comenzó como una jornada de protestas más en el Aeropuerto Internacional El Dorado terminó destapando un conflicto mucho más profundo y polémico: una guerra interna entre taxistas y la administración de la empresa Taxi Imperial, que hoy tiene en vilo la operación del transporte en la principal terminal aérea del país.
Lejos de las habituales disputas contra plataformas digitales, esta vez el enfrentamiento es puertas adentro. Conductores denuncian imposiciones laborales, manejo irregular de ingresos y una supuesta estrategia para favorecer a vehículos de servicios especiales, lo que ha encendido la indignación del gremio.
Jaime Herrera, uno de los voceros de la protesta, fue contundente: el problema no son las aplicaciones, sino las decisiones del nuevo gerente, Julio Jiménez. Según explicó, la administración busca imponer reglas que limitan la autonomía de los propietarios de taxis.
Entre las medidas más polémicas, denuncian que quienes tengan varios vehículos solo podrán operar uno directamente, mientras la empresa asumiría el control de los demás, reteniendo el dinero del recaudo hasta por 20 días.
Pero el conflicto escala aún más. Herrera habla de una “competencia desleal” dentro del mismo aeropuerto, asegurando que a los usuarios se les están ofreciendo servicios especiales a precios de hasta 160.000 pesos, mientras los taxis tradicionales manejan tarifas cercanas a los 60.000.
A esto se suma una acusación delicada: presuntas prácticas de desinformación para desprestigiar al taxi amarillo y favorecer a empresas de transporte especial como American Visa Tours. Según el líder gremial, incluso habría personal que intimida a los pasajeros.
“Les dicen que no se monten en taxis porque los pueden robar”, denunció.
La molestia crece al considerar que los taxistas pagan cerca de 532.000 pesos mensuales por derecho de parqueadero, mientras —afirman— se reducen sus espacios operativos.
Desde la administración, el discurso es otro. Julio Jiménez defiende las medidas como parte de una transformación necesaria para rescatar la imagen del servicio.
“Queremos recuperar la confianza del usuario”, aseguró, reconociendo que el gremio enfrenta una crisis de credibilidad por abusos en tarifas y malas prácticas.
El gerente impulsa el programa “Ahora sí”, con el que busca equiparar condiciones entre taxis amarillos y servicios especiales, incluyendo conductores con prestaciones, monitoreo en tiempo real y estándares más altos de calidad.
Sin embargo, una de las propuestas más controversiales es la implementación de cámaras y micrófonos dentro de los vehículos, una medida que, aunque presentada como garantía de seguridad, ha generado rechazo por considerarse invasiva.
Lo ocurrido en El Dorado deja al descubierto una disputa por el control del negocio del transporte en uno de los puntos más estratégicos del país. Entre acusaciones de competencia desleal, control empresarial y vigilancia a conductores y pasajeros, el conflicto abre un debate mayor sobre regulación, privacidad y el futuro del servicio.
