Una grave alerta de seguridad sacudió al país en la tarde de este martes 10 de febrero, luego de que desde la cuenta oficial en X de la senadora Aida Quilcué se informara que la congresista del movimiento Mais habría sido secuestrada junto a su esquema de seguridad en el departamento del Cauca.
“El tramo Inzá–Totoró” fue señalado como el lugar donde presuntamente ocurrió la interceptación. En el mensaje, difundido a nombre de su equipo, se solicitó de manera urgente colaboración ciudadana para establecer el paradero y el estado de salud de la senadora y de los miembros de su escolta.
La publicación encendió de inmediato las alarmas del Gobierno nacional. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reaccionó públicamente asegurando que toda la Fuerza Pública fue activada para dar con el paradero de la congresista. “Cualquier información, suministrarla llamando al 147 o 165”, indicó el jefe de la cartera a través de la misma red social.
Fuentes consultadas señalaron que, tras la difusión del mensaje, se desplegó un operativo urgente para verificar la veracidad de la información y establecer lo ocurrido en una de las zonas más golpeadas por el control armado ilegal en el suroccidente del país.
La situación escaló a nivel máximo durante el Consejo de Ministros, donde el presidente Gustavo Petro rompió el silencio y confirmó que la senadora habría sido interceptada por disidencias de las Farc, elevando el hecho a una crisis política y de orden público de primer nivel.
“Me toca informar que fue interceptada a la una la senadora Aida Quilcué, en un camino que hemos recorrido muchas veces. Ya hablé con la hija”, afirmó el mandatario, visiblemente alarmado por lo ocurrido.
Petro fue más allá y lanzó una advertencia directa a los presuntos responsables, calificando el hecho como una provocación sin precedentes contra los pueblos indígenas del país. “Si no la sueltan, es un grito de guerra contra todos los indígenas del Cauca y del país. Han cruzado una línea roja”, sentenció.
El presidente comparó el hecho con episodios históricos de exterminio y aseguró que las disidencias estarían cometiendo un “enorme error” al atentar contra una autoridad indígena y representante política, poniendo en riesgo cualquier canal de entendimiento.
Mientras avanza la verificación oficial y la operación de búsqueda, el país permanece en vilo ante un hecho que podría marcar un punto de quiebre en la ya tensa relación entre el Gobierno y las disidencias armadas.
