La victoria de Laura Fernández en las elecciones presidenciales de Costa Rica consolida la continuidad política del gobierno de Rodrigo Chaves y abre un nuevo capítulo marcado por fuertes tensiones con la oposición y los demás poderes del Estado. Mientras el oficialismo celebra la ratificación de su proyecto, sectores críticos advierten que el país podría transitar por un “camino autoritario”, en un contexto de reiterados choques entre el Ejecutivo y el Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y medios de comunicación independientes.
En sus primeras declaraciones tras el triunfo, Fernández fue tajante, su administración seguirá el legado de Chaves durante los próximos cuatro años, descartando giros abruptos en la conducción del país. “No venimos a romper, venimos a profundizar”, señaló, al ratificar que mantendrá el rumbo político, económico y de seguridad trazado por el gobierno saliente.
Con 39 años y formación en Ciencias Políticas, Fernández llega a la Presidencia tras ocupar cargos clave en la actual administración, entre ellos ministra de la Presidencia y de Planificación y Política Económica. Su hoja de vida, ligada al corazón del poder durante el chavismo, refuerza la lectura de continuidad total.
Uno de sus anuncios más ambiciosos fue su intención de construir una mayoría de 40 de las 57 curules en la Asamblea Legislativa, un objetivo que, de concretarse, le permitiría impulsar reformas estructurales sin mayores obstáculos. Para la oposición, esta aspiración representa un riesgo de concentración de poder; para el oficialismo, es la vía para “destrabar” el Estado.
La campaña de Fernández estuvo anclada en los resultados económicos recientes. Entre 2024 y 2025, Costa Rica registró crecimiento económico, reducción del desempleo y disminución de la deuda pública, cifras que el oficialismo atribuye directamente a la gestión de Chaves.
El Informe Estado de la Nación 2025 (PEN) respaldó parte de este balance al ubicar al país como el de mayor dinamismo económico dentro de la OCDE. Sin embargo, el mismo documento alertó sobre desafíos estructurales aún pendientes, especialmente en redistribución de la riqueza y sostenibilidad fiscal a largo plazo, sombras que acompañarán el inicio del nuevo mandato.
La inseguridad se consolidó como uno de los temas decisivos de la elección. De acuerdo con cifras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 2025 fue el tercer año más violento en la historia reciente del país, con una tasa de 16,7 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, impulsada por el narcotráfico y las disputas entre bandas criminales.
Ante este escenario, Fernández anunció que mantendrá la estrategia “Costa Rica Segura Plus 2023-2030” y prometió mano dura contra el crimen organizado. Entre las propuestas más controvertidas figura la suspensión de garantías individuales en zonas críticas para facilitar capturas, una medida que ha encendido las alarmas de organizaciones de derechos humanos y partidos opositores.
Asimismo, la presidenta electa respaldó el fortalecimiento de sanciones penales y la construcción de una cárcel de máxima seguridad, inspirada en modelos internacionales como el de El Salvador, una comparación que ha intensificado el debate político.
Más allá de la seguridad y la economía, el programa de Fernández incluye la modernización del sistema educativo, el impulso a la sostenibilidad ambiental, la eficiencia del Estado y la recuperación de la confianza en la justicia. No obstante, su cercanía con Chaves y su promesa explícita de continuidad anticipan un gobierno bajo estricto escrutinio nacional e internacional.
