Apenas horas después del remezón interno en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), ordenado por la recién nombrada directora Nhora Yhanet Mondragón, comienzan a aflorar detalles que agravan la controversia y ponen al Gobierno contra la pared.
La desvinculación de 30 funcionarios no solo desató un debate político y jurídico, sino que encendió alarmas por el perfil de los despedidos. De acuerdo con fuentes del proceso citadas por un medio nacional, entre los apartados figuran madres cabeza de hogar, trabajadores sindicalizados y personas con incapacidad médica certificada, es decir, grupos con protección laboral reforzada según la legislación colombiana.
La lista incluye desde empleados administrativos hasta conductores, camareros y cargos estratégicos, lo que evidencia que la medida barrió con distintos niveles de la entidad. Aunque el caso más visible fue el de Luz Dary Cruz, jefa de Recursos Humanos durante 25 años y a punto de pensionarse, no fue el único que generó indignación interna.
En la lista también aparece Yuri Calderón, jefa de prensa del Dapre, además de funcionarios identificados como simpatizantes del proyecto político de Gustavo Petro, pero sin roles activos en campaña, una condición que —según versiones internas— habría facilitado su salida.
La polémica crece al conocerse que, en semanas recientes, habrían ingresado a Presidencia al menos 20 nuevos funcionarios con salarios que igualan o superan los 16 millones de pesos, justo cuando se aproxima la entrada en vigor de la Ley de Garantías, que prohíbe nuevas vinculaciones y traslados.
Para los despedidos, el contraste es explosivo, recortes a perfiles protegidos por la ley, mientras se abren cupos bien remunerados en la cúpula del poder.
Aunque la decisión formal recae en Mondragón, información conocida por el medio nacional señala que el remezón habría sido impulsado desde el círculo cercano del presidente. Las orientaciones, según las fuentes, habrían provenido de Letty Leal, subdirectora del Dapre, y de José Raúl Moreno, recién nombrado jefe de despacho presidencial.
El episodio ha motivado la preparación de acciones legales de parte de los afectados, en particular aquellos con derechos laborales protegidos, ante lo que consideran una vulneración de garantías reconocidas tanto por la ley como por recientes fallos judiciales.
