El exdirector, uno de los hombres más poderosos dentro de la fuerza pública, deberá cumplir siete años y un día de prisión por el delito de tráfico de influencias de servidor público, según la sentencia proferida por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. La orden fue ejecutada de inmediato, pese a que aún tiene la posibilidad de apelar ante la Sala Penal.
El expediente judicial revela un episodio inquietante: el entonces director de la Policía habría abusado de su posición jerárquica para presionar a la fiscal Sonia Lucero Velásquez Patiño, quien para 2014 adelantaba una investigación clave en la Unidad de Análisis y Contexto.
¿El objetivo? Frenar la orden de captura del empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo, señalado de concierto para delinquir, lavado de activos, desplazamiento forzado y de haber colaborado con grupos paramilitares en despojos masivos de tierra en Córdoba.
Lo que comenzó como llamadas telefónicas terminó en un encuentro directamente en la residencia de la fiscal, el 8 de febrero de 2014. Cuarenta y siete minutos que fueron decisivos no solo para la investigación, sino para el futuro del general.
Allí, Palomino insistió en suspender el operativo contra Gallo Restrepo y otras trece personas. En un episodio que la Corte calificó como un intento directo de influenciar decisiones judiciales, el general lanzó la frase que hoy retumba como evidencia clave:
“Yo quisiera convencerla a usted de una propuesta (…) qué tal si dejamos eso por un tiempo”.
La fiscal Velásquez, consciente de la gravedad de la presión a la que estaba siendo sometida, grabó la conversación. Ese audio —calificado como la “prueba reina”— derrumbó la defensa de Palomino.
Pese a la insistencia del general, la fiscal no cedió: las capturas se llevaron a cabo como estaba previsto y posteriormente entregó las grabaciones a la Fiscalía. Con base en ellas, se abrió el proceso que hoy lo tiene tras las rejas.
La Sala Especial también reconoció a la fiscal como víctima de los hechos, rechazando la llamativa solicitud de la defensa de Palomino que pretendía convertirlo a él en víctima del proceso judicial.
Un general que se entrega, pero no se resigna
Tras conocerse la sentencia, Palomino publicó un comunicado en X donde aseguró haber “respetado y acatado siempre las decisiones de la justicia, aunque no las comparta”, para luego presentarse voluntariamente ante el CTI.
La Corte ya está notificada, y el Inpec deberá definir en las próximas horas en qué centro penitenciario cumplirá la condena. No obstante, la captura generó división dentro de la misma Sala: el magistrado Jorge Emilio Caldas salvó parcialmente su voto al considerar que no era necesario privarlo de la libertad antes de que la sentencia quedara en firme.
La caída del general Palomino revive viejas controversias sobre la relación entre la fuerza pública y el poder judicial, y da nueva vida al debate sobre si altos oficiales han utilizado su rango para interferir en procesos penales.
El caso apenas comienza a escalar en impacto político y mediático. Lo que está claro es que la captura de quien fuera una de las figuras más influyentes de la Policía se convierte hoy en uno de los golpes más fuertes a la imagen de la institución en la última década.
La Corte Suprema habló: el abuso de poder no quedó en la sombra. Y ahora, un general deberá pagar por ello.
