Una grave denuncia de abuso sexual infantil tiene en el centro de la polémica a un jardín del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ubicado en el sector de Ramajal, localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá, luego de que una madre señalara a la institución de ser presuntamente responsable de la agresión sufrida por su hija de apenas dos años.
De acuerdo con el testimonio de la mujer, los hechos habrían ocurrido el martes 11 de noviembre de 2025, cuando dejó a la menor en el plantel educativo en horas de la mañana. Sin embargo, cerca de las 11:00 a.m. recibió una llamada de la rectora, quien le informó que la niña presentaba signos de agresión física.
“Yo soy la que la levanto, la visto, la organizo, la llevo al baño, incluso le reviso sus partes íntimas como mamá. Ella estaba perfectamente cuando la dejé”, declaró la madre en entrevista, al tiempo que exigió explicaciones inmediatas al jardín y al ICBF.
La mujer aseguró que, al llegar al lugar, exigió la presencia de la Policía para evitar que el hecho quedara sin registrar formalmente. “Yo llamé a la Policía porque no me iba a ir del jardín hasta que llegaran. Ellos querían salir rápido del tema”, añadió.
Posteriormente, la menor fue trasladada al Hospital San Blas, donde fue sometida a exámenes médicos especializados. Los resultados confirmaron signos de abuso sexual.
“Cuando llegué, la doctora encontró fisuras, luego le hicieron exámenes de sangre y frotis vaginal, y le hallaron una enfermedad de transmisión sexual”, relató la madre, entre lágrimas.
El testimonio ha generado indignación y conmoción entre los habitantes del sector y en redes sociales, donde ciudadanos y organizaciones defensoras de los derechos de los niños han exigido una respuesta inmediata del ICBF y la Fiscalía General de la Nación.
Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar informó que ya desplegó un equipo interdisciplinario de atención psicosocial y jurídica, mientras avanza la investigación para identificar al presunto agresor y esclarecer los hechos.
“Que Bienestar me responda, que muestren las cámaras y me digan qué pasó con mi hija, porque yo la llevé en perfecto estado”, exigió la madre de la menor.
Las autoridades judiciales ya iniciaron la recolección de pruebas, incluidos registros de video y entrevistas al personal del jardín, con el fin de establecer responsabilidades y determinar si hubo negligencia o encubrimiento por parte de los funcionarios del centro infantil.
El caso ha reabierto el debate sobre la seguridad y supervisión en los jardines infantiles del Estado, especialmente aquellos bajo la operación o supervisión del ICBF, donde los padres confían el cuidado de sus hijos más pequeños.
Mientras tanto, la comunidad de San Cristóbal exige justicia y una respuesta contundente frente a este nuevo episodio que pone en duda los protocolos de protección infantil en el país.
