Un nuevo capítulo de controversia y desconcierto judicial sacude al departamento del Tolima. Dos hombres que habían sido capturados en un operativo conjunto del Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aérea en la vereda El Tuamo, del municipio de Rovira, quedaron en libertad horas después, pese a que el propio Ministerio de Defensa los había señalado como presuntos integrantes del frente “Joaquín González” de las disidencias de las FARC-EP, estructura bajo el mando de alias “Calarcá”.
El operativo, realizado esta semana en zona rural de Rovira, fue presentado como un importante golpe contra el crimen organizado, pues a los detenidos se les incautaron armas cortas, escopetas y municiones de varios calibres. Así lo confirmó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, quien celebró el resultado a través de su cuenta de X (antes Twitter):
“Gracias a una operación conjunta en la vereda Tuamo (Rovira, Tolima), fueron capturados dos criminales de las disidencias, señalados de amenazar a la señora gobernadora del Tolima.”
Sin embargo, la noticia dio un giro inesperado. Según fuentes judiciales, los capturados fueron dejados en libertad, aunque siguen vinculados al proceso penal. La decisión se habría sustentado en la falta de pruebas contundentes que demostraran su relación directa con el grupo armado ni con las supuestas amenazas contra la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz.
La liberación provocó malestar y preocupación entre autoridades y ciudadanía. Diversos sectores del Tolima calificaron el hecho como un “duro golpe a la confianza institucional”, pues el operativo fue anunciado con bombos y platillos como un éxito de la Fuerza Pública en medio de un panorama de creciente tensión por las amenazas a la mandataria.
La gobernadora Adriana Magali Matiz, al conocer la decisión judicial, se pronunció enérgicamente en sus redes sociales:
“En el Tolima no daremos un solo paso atrás frente a la criminalidad. No habrá tregua.”
El mensaje fue acompañado de múltiples expresiones de respaldo por parte de gremios, líderes sociales y académicos, quienes reiteraron su solidaridad ante lo que calificaron como un preocupante episodio que refleja las dificultades del sistema judicial para sostener las capturas en casos de alto impacto.
Las autoridades confirmaron que la investigación continúa, y que los dos hombres seguirán vinculados al proceso penal mientras se recaudan nuevos elementos de prueba.
Entretanto, el caso se ha convertido en un nuevo foco de controversia nacional, al poner en evidencia la delicada tensión entre las operaciones militares y las decisiones judiciales, en un momento en que el Tolima busca reforzar su seguridad frente a la amenaza creciente de las disidencias.
