Aunque la jornada electoral de este domingo 19 de octubre en Ibagué fue presentada como un ejercicio democrático para fortalecer la participación juvenil, la Misión de Observación Electoral (MOE) reveló preocupantes irregularidades que, según sus observadores, empañaron el proceso en varios puntos de votación de la capital tolimense.
Más de 17.000 jóvenes entre los 14 y 28 años estaban habilitados para votar en los 80 puestos dispuestos por la Registraduría Nacional, sin embargo, en 20 de ellos la MOE detectó situaciones que podrían afectar la transparencia y el carácter libre del sufragio.
Cristian Martínez, coordinador de la MOE en el Tolima, señaló que uno de los principales problemas fue la falta de garantía del voto secreto, debido a la inadecuada ubicación de los cubículos en algunos puntos, lo que permitió la observación del voto por terceros.
Además, denunció la persistencia de prácticas politiqueras, como la compra y venta de votos, la publicidad engañosa y el constreñimiento al elector, pese a tratarse de un proceso electoral juvenil.
“Estas irregularidades, a pesar de ser atendidas por las autoridades, siguen generando preocupación, ya que se registran incluso en jornadas de votación destinadas exclusivamente para jóvenes”, afirmó Martínez.
El coordinador también cuestionó la falta de cumplimiento de las medidas de orden público decretadas por la Alcaldía y la Gobernación, como la restricción de parrilleros mayores de 18 años y la ley seca, que —según él— no fueron vigiladas con rigor.
“No se cumplió con esta restricción y tampoco hubo voluntad para hacerla respetar por parte de las autoridades. Si se toman decisiones, deben garantizarse con controles reales y trabajo articulado”, enfatizó.
No obstante, Martínez destacó que no todo fue negativo: la implementación del transporte gratuito para los votantes jóvenes permitió un incremento en la participación, pasando del 8 % al 12,6 % en comparación con los comicios anteriores.
El balance de la MOE, aunque reconoce el aumento en la participación, deja un llamado claro a las autoridades locales y nacionales: blindar los procesos democráticos juveniles de la corrupción política y garantizar verdaderas condiciones de transparencia y confianza electoral.
