Niños, mujeres embarazadas y adultos mayores quedaron a la intemperie tras intervención de la Policía Antidisturbios. La Alcaldía aún no responde.
Decenas de familias campesinas vieron derrumbarse lo poco que habían construido. Cerca de 60 núcleos familiares fueron desalojados este fin de semana de un predio en el municipio de Alpujarra, en un operativo liderado por la Unidad de Mantenimiento del Orden (UNDEMO) de la Policía Nacional.
Los afectados, muchos de ellos víctimas del conflicto armado, denunciaron que el desalojo fue realizado con uso excesivo de la fuerza y sin presencia de organismos garantes de derechos humanos. “Entraron sin avisar, rompieron nuestras cosas, golpearon a varias personas. Ni siquiera dejaron sacar a los niños”, relató una mujer de 26 años, embarazada de siete meses.
Entre los desalojados hay menores de edad, adultos mayores y mujeres en estado de gestación. Las familias afirman haber sido tratadas como criminales, pese a que su único “delito”, aseguran, fue ocupar tierras baldías en busca de un lugar donde vivir.
El procedimiento, según los testimonios, habría sido ordenado por el alcalde David Tovar Guerrero, con el apoyo del inspector de Policía municipal. Sin embargo, ni la Alcaldía ni la Policía del Tolima han entregado hasta ahora declaraciones oficiales que expliquen las razones del operativo ni las condiciones en que se ejecutó.
Las imágenes del desalojo, difundidas por organizaciones sociales, muestran enseres regados por el suelo, viviendas improvisadas destruidas y decenas de personas acampando a la intemperie. La comunidad pide con urgencia la intervención de la Defensoría del Pueblo, así como la presencia de la Personería Municipal, para garantizar sus derechos y evitar nuevos atropellos.
Mientras tanto, las familias desplazadas permanecen en el lugar, sin alternativas de vivienda ni acceso a asistencia humanitaria.
