Denuncias por presunto uso excesivo de la fuerza elevan la tensión en el corregimiento tras la intervención de las autoridades.
Ayer se registraron enfrentamientos entre la Policía y comunidad en zona de minería ilegal en Ataco, específicamente en la vereda Mesa de Pole, durante un operativo adelantado por la fuerza pública contra actividades mineras presuntamente ilegales. La situación derivó en un ambiente de tensión que mantiene preocupadas a las autoridades locales y a organizaciones de derechos humanos.
Momentos de gran tensión se vivieron cuando unidades de la Policía Nacional llegaron hasta el corregimiento, en jurisdicción del municipio de Ataco, sur del Tolima, para ejecutar acciones de control y destrucción de maquinaria utilizada en labores de extracción de minerales sin autorización legal.
Según información preliminar, el hecho se habría originado durante un operativo contra la presunta minería ilegal que se desarrollaba en la zona. Testigos reportaron fuertes choques entre la fuerza pública y miembros de la comunidad, quienes aseguran que la intervención afectó a familias que viven de la minería artesanal, considerada por muchos como única fuente de sustento en la región.
“Entraron sin mediar palabra, con armas y bombas lacrimógenas. No somos criminales, solo queremos trabajar”, denunció una habitante del corregimiento que prefirió mantener su identidad en reserva.
Videos compartidos en redes sociales muestran momentos de confusión, gritos y la dispersión de los civiles por el uso de gases lacrimógenos. Al menos tres personas habrían resultado heridas, aunque no hay un reporte oficial de lesionados hasta el momento.
Las autoridades, por su parte, defienden la legalidad del operativo. “Estamos combatiendo actividades ilegales que dañan el medio ambiente y que en muchos casos están financiadas por estructuras criminales”, declaró el comandante del operativo. Aseguró también que la intervención se realizó “con base en información de inteligencia y respetando los protocolos”.
Sin embargo, la comunidad denuncia un uso excesivo de la fuerza, y varias organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han pedido una investigación independiente. El ambiente en Mesa de Pole continúa enrarecido, con temor por posibles nuevas intervenciones o represalias.
Este nuevo caso reaviva el debate sobre los conflictos sociales derivados del control a la minería ilegal, especialmente en zonas donde el abandono estatal y la falta de alternativas económicas empujan a cientos de familias a depender de esta actividad para sobrevivir.
