Una grave situación de orden público encendió las alarmas en la noche del lunes en inmediaciones de la cárcel de Picaleña, en la comuna Nueve de Ibagué, luego de que fuera advertido el lanzamiento de una granada en el exterior del centro penitenciario. El artefacto explosivo, que por fortuna no detonó, fue hallado por las autoridades en el sector de La Guayana, cerca del barrio Villas de Gualará.
El hecho, que puso en alerta máxima a las directivas del penal y a los organismos de seguridad, fue atendido por expertos antiexplosivos de la Policía Metropolitana, quienes aseguraron la zona y retiraron el artefacto. De inmediato se activó una investigación para establecer quiénes estarían detrás de este acto que, de haberse concretado, habría podido generar una tragedia de grandes proporciones.
“Tuvimos una granada en el sector de La Guayana, que fue lanzada en horas de la noche. Por fortuna no hizo explosión y el grupo antiexplosivos de la Policía tomó las medidas del caso. Esto se suma al accionar de grupos delincuenciales en diferentes lugares del país contra funcionarios del Inpec”, declaró Jhon Alejandro Durán, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios y Carcelarios de Colombia (UTP).
Este nuevo episodio se presenta apenas una semana después de que desconocidos dispararan contra la puerta de acceso a información del mismo penal, un hecho que tampoco dejó personas lesionadas pero que demuestra el alto nivel de riesgo que enfrentan los funcionarios penitenciarios.
“Pedimos al Gobierno Nacional, departamental y municipal una pronta acción en materia de seguridad e inteligencia. Es urgente reforzar los anillos de protección de Policía y Ejército en los perímetros de los establecimientos carcelarios, tal como lo ordena la norma”, agregó Durán.
El gremio del Inpec viene denunciando una escalada de violencia en su contra, con ataques similares registrados en Bogotá, Cali y Armenia, que han dejado al menos dos funcionarios asesinados.
Este nuevo atentado en Ibagué eleva la preocupación sobre el alcance del crimen organizado dentro y fuera de los penales, y deja en evidencia la fragilidad del sistema de seguridad carcelario en Colombia, que parece estar bajo fuego.
