La Corte Suprema de Justicia confirmó este jueves, en sesión ordinaria, que la Sala de Instrucción abrió una investigación formal contra el representante a la Cámara del Pacto Histórico, David Racero, por el presunto delito de concusión.
Los hechos se relacionan con presuntas irregularidades en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del congresista, quien habría utilizado a algunos de sus colaboradores en un negocio personal y, además, les habría exigido entregar parte de sus salarios mediante consignaciones a sus cuentas.
El magistrado César Augusto Reyes Medina, ponente del caso, ordenó la práctica de pruebas para esclarecer las circunstancias.
“Se investigan las circunstancias que rodearon las consignaciones hechas a cuentas del Representante a la Cámara por integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL)”, indicó la Corte en un comunicado oficial.
De acuerdo con información revelada por un medio nacional, el alto tribunal dispone de un compilado de chats que darían cuenta de la presunta utilización de los integrantes de su UTL en labores ajenas a las funciones legislativas, aparentemente destinadas a servir intereses personales del congresista.
Entre las medidas adoptadas, la Corte Suprema ordenó a las empresas de telefonía móvil Claro, Movistar, Tigo, ETB y Virgin entregar, en un plazo máximo de tres días, los registros de las celdas telefónicas correspondientes a las comunicaciones entre Racero y Jhon Leonardo García, quien habría sido su conductor durante el periodo 2020-2022. El objetivo es establecer la verdadera naturaleza de la relación laboral entre ambos.
La investigación también indaga si Racero habría instruido a un miembro de su equipo legislativo a suspender sus labores en el Congreso para dedicarse a la atención de un mercado de frutas y verduras, negocio que, según las denuncias, sería de su propiedad.
Este caso no solo avanza en la Corte Suprema de Justicia, sino que también cursa en el ámbito disciplinario dentro de la Procuraduría General de la Nación, en donde se evalúa si existió una solicitud directa del congresista a una de sus asesoras para transferirle parte de sus ingresos cuando trabajaba en el Capitolio.
De confirmarse las acusaciones, Racero enfrentaría graves consecuencias jurídicas y políticas, en un proceso que mantiene la atención del país por la magnitud de las denuncias.
